El abogado Miguel Ángel Guzmán señaló que el empresario argentino pagó los impuestos correspondientes, por lo que se le dio cierre al acta y no se procedió legalmente en el momento. La FGR afirmó el martes que continuará con el proceso.
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Miguel Ángel Guzmán, abogado de la familia Ahumada Guzmán, afirmó este miércoles que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Carlos Ahumada Kurtz son imprecisas, contradictorias y absurdas.
“En el caso del señor Ahumada, se le hizo una revisión al Ejercicio Fiscal 2012, atendiendo la auditoria general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La cosa tan contradictoria y absurda es que al señor sí se le inició una auditoria y se le hicieron determinadas observaciones para que acreditara ingresos, y cuales iban a ser calificados como ingresos o no.
“En ese procedimiento ante el SAT se demostraron varias situaciones que no eran ingresos y pagó los correspondientes impuestos que le correspondían únicamente al impuesto acreditado como Impuesto Sobre la Renta. Y pagó, tan es el caso que le dieron el cierre de la auditoria, le dieron el cierre del acta, y ahí se demostró que no iban a proceder legalmente con él”, indicó el abogado en entrevista con Grupo Fórmula.
El 16 de agosto, el empresario fue detenido en Argentina. De acuerdo con la FGR, esto se debió a una ficha roja solicitada por Interpol Méxicoa petición de la Fiscalía, con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública nacional, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo.
Si bien fue liberado dos días después, la Fiscalía aseguró el martes que pese a esto Ahumada “no ha sido exonerado” del delito de defraudación fiscal que le imputó, por lo que el proceso de extradición continúa.
El abogado apuntó que la Fiscalía tiene 60 días para armar el paquete para la extradición de Ahumada, y que durante ese tiempo se corroborará que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había liberado el pago correspondiente del impuesto.
“Eso nos conlleva a una equivocación y omisión de los servidores públicos actuales que no tomaron en cuenta la situación que venía arrastrando la anterior procuraduría”, afirmó.
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