Álgida discusión en INE durante primera revisión de gastos de precampaña

jornada.com.mx

Ciudad de México. En la primera revisión de gastos de precampaña, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes partidistas se trenzaron en una discusión sobre el grado de sancion aplicable por los errores y omisiones de algunos de los aspirantes.

Una pugna similar ocurrió en 2021 cuando se le negó el registro de la candidatura a dos abanderados de Morena a una gubernatura, precisamente por no presentar informe de precampaña.

“La pérdida de registro es una sanción desproporcionada“, sostuvo en principio el consejero Uuc-kib Espadas durante el análisis de 23 casos de aspirantes que presentaron su informe de manera extemporánea un día antes de esta sesión de consejo general.

“No es cualquier caso retirarle el derecho de ser votado a una persona”, insistió el consejero.

Al final de la discusión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que respaldaba el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización en el sentido de sancionar a los partidos – por los errores y omisiones- pero no a las personas.

También defendió el sistema de fiscalización del INE.

El proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización señalaba que la sanción global a partidos políticos nacionales era de 31 millones 182 mil 520 pesos , mientras que a locales, 1 millón 568 mil 647. A esto se añaden los aspirantes independientes con 501 mil 375 pesos.

Por tanto, la suma general discutida este lunes en el consejero general, en una larga sesion, fue de 33 millones 252 mil 542 pesos .

Sin embargo, la médula de discusión no eran la multas sino la omisión en la entrega puntual de los informes y la consecuencia de la pérdida del registro.

La mayoría de las personas en cuestión se dijeron militantes de Morena, pero este partido no los reconoce como inscritos en sus procesos internos, y menos los consideró como sus potenciales abanderados.

Por ejemplo, uno de los afectados o sujetos a sanción máxima es un precandidato a la gubernatura de Tabasco, pero es público que el partido eligió para esa contienda a Javier May.

Sin embargo, el representante del partido guinda ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, hizo una defensa amplia, al argumentar que no todos tienen la misma información o herramientas.

“Es amplísimo el número de personas que quieren participar en procesos internos. Aquí se quiere aplicar solo la dura lex sed lex. (El consejo general del INE) es un órgano que no tiene conciencia sobre la realidad local. Nada más porque la ley no se los permite, pero si no, los mandaban al patibulo”, dijo.

“No pueden ser ajenos, insensibles y aplicar el criterio de ‘no me importa y les aplico la mayor sanción ‘.

Recordó que la anulación a las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, en 2021, “fue una aberración “ y ahora se quiere aplicar el mismo criterio a personas que “no reportaron que colgaron dos mantas”.

Al mismo tiempo se discutían criterios respecto de contabilidades de propaganda en vía pública que aparentemente no pertenecen a periodo de precampaña sino a los procesos internos inéditos pasados.

Al final, el único al que realmente le afectaría el criterio riguroso del consejo era al precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de San Miguel Texmelucan, Puebla, Abraham Irving Salazar, quien reportó gasto de 26 mil pesos, de un tope de 41 mil, pero la UTF consideró que unos videos de promoción – que el partido dijo que eran caseros- se los tasaron y el costo resultó en un rebase de 150 mil pesos y, por tanto, la pérdida del registro.

“No es justo sancionar a un candidato que actuó de buena fe”, dijo Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC, al argumentar que la respuesta a las observaciones de la UTF fue notificada en la sede del partido y no en el correo que dio el aspirante.

No obstante, un grupo de consejeros ratificó su criterio, no solo en el sentido de aplicar la máxima sanción sino el criterio firme: haber presentado los informes un día antes de esta sesión de consejo “es una acción con dolo”, por lo que “tendríamos que verlos como informes no presentados”, dijo la consejera Carla Humphrey, en una reflexión compartida por sus colegas Jaime Rivera y Dania Ravel.

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