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La audacia de Alejandro Moreno es sorprendente. Alito lamentó en Twitter el asesinato del periodista Ernesto Méndez, el número trece en lo que va del año. “El asesinato del periodista Ernesto Méndez, director de Tu Voz, se suma a la enorme lista de profesionales de la comunicación que han sido silenciados a manos del crimen. Es urgente detener los ataques a la prensa y proteger a quienes ejercen esta labor en México”, tuiteó el presidente nacional del PRI.
Palabras huecas. La costumbre. Pero esa verborrea de cajón resulta poca cosa si se compara con lo que Moreno dijo, en uno de sus diversos audios filtrados, sobre los periodistas: “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. Increíble. Moreno, o quien sea que maneje sus redes, no reparó en que todo mundo le recordaría esos dichos. Y cómo no, si es el ejemplo perfecto de la hipocresía que manejan los políticos cuando se habla de la libertad de prensa.
En realidad, el comportamiento de Alito es sintomático. La clase política de este país se caracteriza por el oportunismo que la agenda les proporcione. Hoy lamentan la pérdida de un periodista. Y lo hacen en cada caso. Ellos, los políticos íntegros y honestos que alzan la voz por la libertad de prensa, siempre velan por las causas que se muevan en los mares mediáticos. Porque eso es lo que hay que hacer. Eso les dicen que digan. Y, seguramente, se los redactan. Parecen decir: “Ya publiqué mi condena en Twitter, ¿qué más quieren de mí?”. Claro, señores empleados de la sociedad, disculpen por pedirles que hagan su trabajo.
Para los políticos, defender al periodismo solo queda bien de cara a las luces, cuando es a otros a quienes se puede golpetear. En medio de esas reyertas sin sentido, y de las peticiones y condenas vacías, queda la prensa, los verdaderos afectados por tanta indiferencia. ¿Por qué son las organizaciones civiles las más preocupadas por salvaguardar el bienestar de los periodistas mexicanos? Simple: el Estado, como en muchos casos más, se lava las manos y prefiere mantenerse al margen, en la comodidad de saber que no pudieron hacer nada. Una actitud deplorable en un país donde el 40% de agresiones contra la prensa proviene, precisamente, del Estado, según ha recogido Artículo 19.
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