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Ante la inminente resolución sobre el plan B relacionado con adecuaciones en materia de comunicación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, resolver primero, por “orden de prelación y seguridad jurídica”, sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS) el 11 de mayo de 2018 y luego la reforma electoral.
“La expedición de la LGCS”, señala la CJEF, “fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal”.
Para el Ejecutivo Federal, esta petición pretende evitar que se emitan “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
La CJEF subraya que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad, consideró que “la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta, contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad”. A cinco años de que se dio entrada al trámite, no se ha dictado sentencia definitiva.
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