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Las armas que utilizan los grupos criminales en nuestro país no aparecen aquí por generación espontánea “sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”, afirmó Alejandro Celorio Alcántara, consultó jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al término de la nueva audiencia en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, sobre la demandas contra la venta de armas y su tráfico ilícito a México.
El abogado de Smith & Wesson, una de las empresas demandadas, Noel Francisco, argumentó que la demanda de México no contenía argumentos para justificar una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) la cual protege a las empresas que fabrican y venden estos equipos bélicos de cualquier acción por los daños causados por el uso ilegal de sus productos.
“Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos”, afirmó en una entrevista con la agencia Reuters.
En la audiencia, el juez de circuito estadounidense William Kayatta señaló que, aunque México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente ninguna ley de armas, una de sus principales teorías jurídicas era que habían ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial. “¿Qué hay de malo en ello?”, preguntó.
En videoconferencia tras asistir a la audiencia, Celorio explicó que en esta audiencia se expresaron verbalmente los argumentos que ya habían entregado en la corte semanas antes, en busca que se revierta la decisión de septiembre del año pasado, del juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos, en Massachusetts, quien desestimó la demanda mexicana, argumentado que era improcedente según la PLCAA.
El gobierno mexicano expuso en esta diligencia que, primero, que dicha ley no puede tener efectos extraterritoriales, y menos cuando México reclama por los daños causados por el uso ilícito de estas armas en su propio territorio.
En segundo lugar, que si se insiste en que la PLCAA protege a las empresas de ser demandadas en las cortes estadunidenses, entonces se debe permitir que se les demanda según las normas del derecho en México.
Y tercero, que si la corte de apelaciones decide que la PLCAA es vigente, entonces se pude recurrir a las excepciones que es misma ley permite.
El asesor de la SER explicó que en los Estados Unidos sí se prevé la aplicación extraterritorial de algunas leyes, pero sólo si esto se prevé en su propio texto, lo cual no ocurre con la PLCAA.
“Según estimados el gobierno de México, ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita del 5% de su Producto Interno Bruto en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas” añadió.
“Es algo que México no desea, no quiere, y para lo que tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud, o de educación, o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales.
“De eso se trata el reclamo, hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos”, subrayó.
Agrego que este será un proceso judicial largo y que estiman que tan solo la apelación demore entre seis y ocho meses.
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