ASF detecta desfalco de 920 mdp por ventiladores durante la pandemia; SRE negoció acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En abril de 2020, mientras los hospitales estaban saturados por pacientes con neumonías causadas por covid-19, la Cancillería mexicana negoció con una empresa británica, llamada Viva Enterprise Limited, la adquisición de mil ventiladores AEONMED VG70 por mil 416 millones de pesos; sin embargo, la empresa cobró el dinero –al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi)– pero entregó al gobierno apenas 50 ventiladores, en julio de 2020.

En los meses posteriores, la empresa reembolsó 401 millones 531 mil pesos al gobierno mexicano, por lo que la estafa dejó un hueco de 920 millones 441 mil pesos en el erario, que el Insabi trata de recuperar en tribunales británicos desde mayo de 2021, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe publicado hoy.

De acuerdo con la ASF, la empresa convenció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que el contrato se celebrara bajo las leyes de Reino Unido, por lo que la dependencia dirigida por Marcelo Ebrard Casaubon indicó al Insabi que “el instrumento jurídico debía formalizarse al amparo de Ley de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, país de origen de los bienes y del proveedor”.

Además, quienes negociaron el contrato “no establecieron los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la causal para la rescisión del contrato, las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, y las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes debido a causas imputables al proveedor”, subrayó la ASF.

Por estas razones, el Insabi contrató a un despacho de abogados en Reino Unido para llevar a cabo una demanda contra la empresa que estafó a la Cancillería, en sus negociaciones por adquirir ventiladores.

La ASF observó que el Insabi celebró el contrato el 4 de abril de 2020, y pagó los mil 416 millones 64 mil pesos el 13 de abril de 2020, es decir, por adelantado. De acuerdo con el contrato, los primeros ventiladores debían entregarse el 14 de abril, y la entrega de los últimos 100 estaba prevista para el 4 de mayo. Sin embargo, la empresa se tardó hasta el 8 de julio para entregar 50 ventiladores –de 200 pactados para la primera entrega–, y nunca volvió a enviar aparatos.

La ASF observó que la empresa reembolsó 17 millones 760 mil dólares al Insabi por el pago de 300 ventiladores –equivalentes a 401 millones 531 mil pesos–, “por los cuales el Insabi había pagado el 13 de abril de 2020 un monto equivalente a 424 millones 819 mil pesos”, señaló la ASF.

Y recalcó: “De los 650 ventiladores restantes por 920,441.6 miles de pesos, el Insabi no proporcionó evidencia de su entrega”.

Según la ASF, el 4 de enero de 2021 el Insabi reclamó a la Cancillería –pues la dependencia negoció el contrato, pero el Insabi erogó los recursos– y le pidió su ayuda para resolver el asunto en Reino Unido, especialmente para “seleccionar algunos de los despachos jurídicos ingleses recomendados para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor”.

El 21 de enero de 2021, el equipo de Ebrard contestó que el Insabi “es el que debería emprender y encabezar acciones legales en contra del proveedor, con el apoyo y supervisión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”.

De acuerdo con el registro británico de empresas, Viva Enterprise es una empresa especializada en la venta y reventa de “materiales eléctricos y luces”. Fue fundada en 1986 en Londres y es dirigida por tres personas llamadas Robert George, Daniel, Nava Dangoor. En 2019, el año previo a vender los ventiladores al gobierno mexicano, la empresa reportó ganancias de 2 millones 410 mil libras.

La estafa de la empresa Viva Enterprise no fue el único caso de mala gestión financiera que la ASF observó en torno a la crisis sanitaria de covid-19: en su informe, número 243-DS, señaló que el Insabi no logró comprobar la llegada de otros 2 mil 250 ventiladores, por los cuales pagó mil 600 millones 320 mil pesos, tampoco evidenció la recepción de un millón de mascarillas KN95 por 40 millones 505 mil pesos, y recibió 18 millones de insumos médicos con retrasos de entre 11 y 526 días.

En total, según la ASF, quedaron por lo menos 2 mil 561 millones de pesos por aclarar.