CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 8 votos a favor y 4 en contra, las y los senadores de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta aprobaron el proyecto de dictamen por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador y se expide la convocatoria respectiva.
proceso.com.mxEl dictamen fue turnado al pleno del Senado para su discusión y posible aprobación, este miércoles. Morena requiere de mayoría simple para aprobarlo.
Antes, durante la discusión, las y los legisladores del PAN y PRI criticaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la constitucionalidad de la consulta para investigar y sancionar a expresidentes cuando terminó modificando por completo la pregunta.
“Me apena ver una Corte que se subordinó al interés político del presidente”, criticó el senador del PAN, Damián Zepeda.
“Un estudiante de primer semestre de derecho pudo ver fácilmente que era inconstitucional la pregunta planteada por el presidente de la república, la materia de la pregunta, el juicio de los expresidentes. No soy defensor de oficio de nadie, si alguien comete un delito que lo pague, pero no comparto que se use políticamente la justicia”, añadió.
Mientras que los senadores de Morena defendieron que la consulta popular permite la participación ciudadana y encamina al país a “una verdadera democracia”. Sin embargo, el senador José Narro Céspedes, integrante de la bancada morenista, reconoció que no depende de la consulta la investigación y enjuiciamiento de expresidentes.
“Seguramente la Fiscalía ya tiene elementos y hay investigaciones (…) Lo que se busca es que la autoridad actúe con el respaldo de una consulta, tener no nada más la legalidad sino también la legitimidad”, dijo Narro Céspedes.
Aunque la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de la materia de la consulta para investigar y sancionar a expresidentes, incluyó una pregunta muy distinta a la que envió el presidente
Así los mexicanos tendrán que responder si están o no de acuerdo en que se lleven a cabo “las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Dicha pregunta no puede ser modificada. Al Congreso solo le corresponde votar su trascendencia nacional y emitir la convocatoria.
En ese caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
De acuerdo al artículo 35 constitucional, las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto.
El mismo artículo de la Constitución señala que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
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