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San Salvador. “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.
“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)”, todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.
“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.
“Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional”, consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado”, declaró el diputado René Portillo, de Arena.
La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.
El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar “a decenas de miles de salvadoreños”, y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador “los hubiera fusilado a todos”. “Salvas mil vidas a cambio de cinco”, dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).
Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. “Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias”, afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.
Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: “Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar”, en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.
También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que “jamás” ha estado vinculado ni ha respondido “nunca” a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.
Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.
Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.
El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la “grave preocupación” de su país por la destitución de togados “y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.
Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, “lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”, mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un “asalto a la democracia”.
El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.
Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.
Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.
“La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo”, aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).
Para la UCA, la destitución “muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele”.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: “Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia”.
Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y “el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)”, y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.
Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.
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