La Unidad de Inteligencia Financiera acusó al “súper policía” de tejer una red de corrupción para beneficio personal y de sus socios cercanos
infobae.com
Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al gobierno de México sobre la demanda civil contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenido de Felipe Calderón, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre que el ex funcionario mexicano tejió una red compleja de lavado de fondos robados.
En marzo de este año, la UIF informó que durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, creó una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, argumentó la UIF.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, a cargo de Pablo Gómez Álvarez, estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, al tiempo que se aplicaron a la autorización de bienes inmuebles e inmuebles, así como otros activos en Florida.
Tras identificar la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron estos casi 800 millones de dólares, se pudo incluir al “súper policía”, como también se le conocía a García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, a la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre del 2019.
En tanto, en septiembre del 2021 se presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con la intención de recuperar los activos adquiridos con el dinero público de los mexicanos.
Esta demanda incluye a Linda Pereyra, esposa de García Luna, así como la familia del empresario Weinberg, y otros implicados, mismos que apelaron la demanda civil del gobierno mexicano, al argumentar que este caso no se debería de juzgar en Miami, por lo que quedó suspendido desde noviembre del 2022 hasta que se decidiera la procedencia o no de la impugnación, que finalmente sucedió este miércoles 14 de junio.
Cargando ...
