Las autoridades no han logrado frenar la ola criminal en Guanajuato, donde hoy, en pleno proceso electoral, siguen los homicidios dolosos que hasta marzo pasado sumaban 600 e incluían a varios aspirantes a ocupar algún cargo de representación popular.
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Las autoridades estatales y municipales no han logrado frenar la ola criminal en Guanajuato, donde hoy, en pleno proceso electoral, siguen los homicidios dolosos que hasta marzo pasado sumaban 600 e incluían a varios aspirantes a ocupar algún cargo de representación popular. Ante el recuento gravoso, 10 candidatos y candidatas solicitaron medidas de seguridad personal.
GUANAJUATO, GTO.– La violencia desmedida que se adjudica a los grupos de la delincuencia organizada en prácticamente todo el territorio guanajuatense, no hace distingos entre partidos políticos y candidatos.
El 12 de enero, en la etapa previa al registro de aspirantes, el diputado local Juan Antonio Acosta Cano, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Juventino Rosas, fue asesinado mientras caminaba por una calle del centro de esa ciudad.
Un hombre que lo alcanzó cuando el legislador aparentemente hacía ejercicio, le disparó por detrás en la cabeza y huyó. La región es donde se empoderó el Cártel de Santa Rosa de Lima.
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, fundador de este grupo delictivo, contaba con propiedades en este municipio. Fue en la comunidad de Tavera, perteneciente a Juventino Rosas, donde aquél fue capturado a principios de agosto pasado.
Acosta Cano se había registrado el 15 de diciembre como único precandidato a ese cargo de elección en el proceso interno de su partido, por lo que era considerado ya el virtual candidato.
Acosta había gobernado en dos trienios pasados ese municipio. Por lo menos en el último periodo, entre 2012 y 2015, el Cártel de Santa Rosa de Lima tenía el dominio total de la región, empoderado principalmente por el robo de combustible. Actualmente, Juventino Rosas está en manos del PRD. El actual alcalde, Serafín Prieto, es ahora candidato a diputado local por el Distrito XVII.
Casi tres meses después del homicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención de un joven de 22 años, Juan Carlos, El Taz, al que presentó como presunto autor material del asesinato, así como al director de Tránsito municipal, Juan Carlos Jiménez Badillo, como presunto involucrado en el crimen del precandidato panista.
En esta misma región, la alcalde de Morena en Apaseo el Alto, María del Carmen Ortiz Terrazas, contiende por la reelección con un fuerte resguardo por parte de fuerzas federales, que le han brindado seguridad durante su administración, lo mismo que a su familia.
En las mismas circunstancias lo hizo en el proceso electoral de 2018, cuando sustituyó a su esposo, el criminólogo José Remedios Aguirre, en la candidatura ya en plena campaña, después de que fue asesinado tras salir de un evento proselitista en un parque público.
Luego del homicidio de Aguirre, el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre declaró que una de las líneas de investigación apuntaba a un móvil relacionado con el trasiego de hidrocarburos; el candidato había interpuesto una denuncia acusando que se le involucraba falsamente en el robo de combustible.
Las campañas del miedo
Ahora Ortiz Terrazas arranca su campaña con varias ausencias en su equipo de trabajo en el municipio. Por lo menos nueve funcionarios de primer nivel, incluyendo un regidor de su partido, han sido asesinados en estos dos años y medio.
En esta región Laja-Bajío el escenario más feroz de la abierta discordia entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y de Jalisco Nueva Generación fue también escenario de otro crimen reciente, el del candidato a regidor del PRD, el 29 de marzo.
Alejandro Galicia Castro, candidato a regidor en el séptimo lugar de la lista del PRD para el ayuntamiento de Apaseo el Grande recorría comunidades acompañado del delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, cuando entre las comunidades de El Cerrito y El Vicario hombres en una motocicleta les dispararon. El candidato murió y el dirigente municipal quedó herido.
Ambos preparaban el arranque de la campaña. Hablaban con habitantes de estas comunidades para pedir prestadas bardas en las cuales pintar la propaganda del partido y sus candidatos.
La FGE no ha informado avance alguno sobre la investigación del asesinato del candidato, que se sumó a los poco más de 600 homicidios dolosos cometidos en Guanajuato hasta finales de marzo, según datos de la Secretaría de Seguridad federal.
En Dolores Hidalgo, el candidato independiente Julio González Landeros también va por segunda vez por la alcaldía, que también en forma independiente buscó en 2018. En ambas ocasiones ha sido víctima de amenazas de muerte y en la más reciente, dos hombres en una motocicleta lanzaron bombas molotov que incendiaron el portón de su casa, la madrugada del 23 de marzo.
Tanto en 2018 como después de este último incidente, el aspirante independiente a la presidencia municipal dolorense ha presentado denuncias ante la FGE. La primera fue archivada “porque no se encontraron elementos”. Espera que la segunda no corra la misma suerte, aunque se queja de la lentitud con que el Ministerio Público y los agentes investigadores han recabado apenas dos grabaciones de por lo menos seis cámaras en las inmediaciones de su casa, que podrían aportar información sobre los responsables, dice a Proceso.
González Landeros tuvo que pedir a un juez penal que ordenara a la fiscalía agilizar la indagatoria sobre el ataque a su domicilio. Por ello, explica a la corresponsal, apenas está ponderando la decisión de solicitar medidas de seguridad al gobierno federal; no confía en las autoridades estatales.
“Son muchas atrocidades, traemos el antecedente de que han matado a candidatos en otros municipios; sí nos preocupa –señala el candidato independiente–. No sólo a mí como candidato, sino a la población, porque la inseguridad ha escalado a niveles insoportables y ni el gobierno estatal ni el federal ha atendido adecuadamente el problema.”
El presidente del consejo del Instituto Electoral del Estado, Mauricio Guzmán Yáñez, dio a conocer el jueves 6 que, a un mes de la jornada electoral, se habían recibido ya 10 solicitudes por parte de candidatos y candidatas para contar con alguna medida de seguridad personal, de las cuales seis ya fueron turnadas a la Secretaría de Gobierno del estado, instancia que se hace cargo de otorgarlas, y cuatro están en trámite.
De las 10, ocho corresponden a candidatos a alcaldes o integrantes de ayuntamientos, y las otros dos son de candidaturas a diputaciones locales, aunque Yáñez aclara que los nombres de quienes solicitaron protección se mantienen reservados.
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