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Ciudad de México. Abrumadas por la muerte de un ser querido, y sin poder habituarse a las limitaciones que impone la actual emergencia sanitaria por el Covid-19, una buena cantidad de ciudadanos ha tratado de recurrir a métodos violentos o ilegales para acompañar a los panteones a sus familiares a costa de lo que sea.
Durante la fase más complicada de la contingencia, prácticamente todas las semanas ha habido algún incidente de rispidez en el cementerio de San Nicolás Tolentino que ha ameritado la intervención de la policía, generado por la insistencia de los deudos de personas fallecidas que quieren asistir masivamente a un entierro o se niegan a seguir los protocolos de acceso, de acuerdo con autoridades de ese panteón.
Marco Antonio Martínez, jefe de seguridad del camposanto –ubicado en la alcaldía de Iztapalapa–, ha sido uno de los servidores públicos que ha tenido que aprender a lidiar con el dolor, el enojo y la frustración de muchos dolientes que no están dispuestos a seguir reglas de prevención.
“Aparte del coronavirus, existe la problemática de la carencia de una educación adecuada. La gente está acostumbrada a hacer lo que quiere y a culpar a los demás en vez de ver lo que ellos no están cumpliendo. Debemos seguir un protocolo que cuida tanto a los dolientes como a nosotros mismos, pero las personas no quieren hacer caso”, lamenta.
Entre las reglas de seguridad que se siguen en este y otros cementerios de la ciudad en tiempos de pandemia figura que pase el menor número de visitantes (de preferencia, no más de cinco), además de no permitir el acceso de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, usar cubrebocas y guardar sana distancia en la medida de lo posible.
“No vas a bajar hasta que pasemos todos”
Sin embargo, entre el dolor que sufren y la falta de apego a las normas, muchas personas han tratado de eludir estas limitaciones al afirmar que su ser querido no murió por Covid –aunque el acta de defunción así lo diga–, traer cortejos fúnebres integrados por decenas de personas, tratar de dar sobornos o incluso saltarse la barda perimetral del panteón, que tiene 111 hectáreas de superficie.
En alguna ocasión, cuenta Martínez, los deudos de una persona fallecida lo amenazaron con retenerlo si no dejaba pasar un autobús con al menos 60 pasajeros a asistir a un entierro, cuando el número máximo permitido era de 20.
“No vas a bajar hasta que pasemos todos”, le dijeron al funcionario cuando éste subió al vehículo a verificar que no excedieran la cifra acordada.
Sólo haciéndoles ver que eso sería tipificado como secuestro y generaría un conflicto mayor –porque eventualmente llegaría la policía y todos podrían ir hasta el Ministerio Público–, el guardia logró evitar que entrara una multitud a un lugar de alto riesgo de contagio.
“La gente piensa que somos inhumanos y nos gritan que si nosotros no tenemos familia. Y sí la tengo, por eso me quiero cuidar con un protocolo que reduce el riesgo de un contagio en masa. Mediante el diálogo, hemos contenido (la violencia) en la medida de lo posible, y como servidores públicos ponemos la otra mejilla, pero sí ha habido casos fuertes” de ataques.
“Prácticamente todas las semanas tenemos connatos de agresión, incluidos algunos entre los propios dolientes, aquí afuera. Nosotros les pedimos que ellos nos digan quiénes van a pasar, pero hay familias que terminan peleándose entre sí”, cuenta.
En esos casos, los vigilantes se repliegan, cierran las puertas y llaman a la policía. “Ya es un aspecto mucho más disuasivo, porque sin llegar a la agresión, la misma gente se dispersa porque entiende que ahora sí van a proceder al nivel que sea necesario.
“Es triste tener que negarle a alguien que entre y a veces sí nos quiebra el alma: muchos lloran, se desmayan, dicen que el virus no existe, o se ponen agresivos y nos insultan, y les explicamos que es por su propia seguridad. Se siente hasta surreal tener que prohibirle a la gente que acompañe a su familiar en un momento como este, pero mucha gente está acostumbrada a hacer lo que quiera”, lamenta.
Fuerte arraigo de prácticas fúnebres
Por su parte, Oscar Garnica, coordinador de velatorios y crematorios del cementerio, indica que el número de servicios de cremación ha ido a la baja desde la semana anterior, pero aún así la demanda sigue siendo alta, en buena medida porque en San Nicolás Tolentino hay cuatro hornos que pueden trabajar al mismo tiempo.
Un elemento que ha retrasado aun más la labor de los horneros, cuenta, es la obesidad o sobrepeso de muchos de los fallecidos, pues si el cuerpo de una persona de 85 kilos tarde tres horas en desintegrarse hasta las cenizas, “hemos llegado a cremar gente de 120 o hasta 150 kilos, y eso afecta el desempeño del horno, y puede tardarse hasta cuatro horas y media”.
Otra razón que lleva a muchas familias a postergar el traslado de los cuerpos de sus familiares, incluso por varios días, dice el funcionario, es esperar a que algunos parientes lleguen desde otros estados de la República o incluso del extranjero “para despedirse”, lo cual deja ver el fuerte arraigo de las prácticas de luto en buena parte de la sociedad.
De acuerdo con el hornero Sacramento Garnica, uno de los ocho empleados que se encargan de la faena de cremación en dos turnos, en la actualidad se incineran unos 16 cuerpos al día en hornos que alcanzan los 700 grados centígrados, aunque hace algunas semanas llegaron a ser hasta 35 diarios.
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