Se concluyó la necesidad de difundir el mecanismo, que el registro nacional de agresores tenga incidencia en la sanción real y un presupuesto para poder atender a personas que son vulneradas
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Como parte del ejercicio de Diálogo para impulsar una iniciativa de la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se realizó este lunes y martes en Jalisco, se concluyó la necesidad de difundir el mecanismo, que el registro nacional de agresores tenga incidencia en la sanción real en contra de quienes ejerzan violencia y que se considere un presupuesto para poder atender a personas que son vulneradas.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo, destacó que este mecanismo estará enriquecido con las relatorías que se derivan de estos diálogos, experiencias y necesidades que se están teniendo en estos ejercicios de diálogo
“Lo que en sus inicios se pensó del mecanismo es que coordinara los tres órdenes de gobierno para poder emitir las medidas de seguridad y protección y que pudiéramos tener una política de estado, lamentablemente en muchas regiones del país los Estados y Municipios se han hecho a un lado en esta corresponsabilidad y es el mecanismo quien ha absorbido toda la problemática, es decir, de ser un mecanismo de apoyo, se convirtió en la única ventanilla de atención de la problemática a nivel nacional; el Mecanismo no está hecho para eso, no está diseñado para eso”.
El funcionario insistió que es necesario que a nivel nacional se genere un trabajo activo por parte de las instituciones porque lamentablemente el 40 por ciento de las agresiones vienen de parte de autoridades municipales, “quienes no solamente no quieren proteger ni a periodistas ni a personas defensoras, se sienten con la libertad de ser parte del problema; el otro 30 por ciento de las personas beneficiarias del mecanismo es del crimen organizado y el otro porcentaje está en suspenso, en términos de las investigaciones que se hacen a través de las fiscalías”.
Y a pesar de la falta de confianza en las instituciones, especialmente en las Fiscalías, como en el caso de Jalisco, que han tenido acciones de vulneración y atropello de derechos humanos hacia ciudadanos, defensores y periodistas, son ellas las encargadas de accionar y hacer valer el mecanismo, porque ya hay sanciones de índole penal, administrativo que deben ser aplicadas a quienes incurran en violencias.
“La estructura del goce y ejercicio de derechos, acceso a la justicia, verdad y reparación, tiene que ver en principio con las fiscalías, tenemos que cerrar filas con las fiscalías para generar eficiencias y capacidades institucionales para que generen esa garantía de derechos frente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El mecanismo no puede absorber las funciones de las policías, no puede absorber las obligaciones de la Fiscalía, ni de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, es decir, lo que plantea hoy el mecanismo es tenemos que coordinarnos y cohesionarnos como Estado y cerrar filas hacia un mismo objetivo que es la atención integral de Estado… Si la impunidad no lleva a los agresores a juicios y a emitir sentencias, esto va a repetirse crónicamente sin que haya una finalización del círculo vicioso”.
En este ejercicio de diálogo que contó con la asistencia de ambos grupos a proteger además de funcionarios estatales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) destacó la necesidad de sancionar a fin de que se pueda frenar a tiempo la sistematización de las violencias, sin embargo, también se concluyó que se necesita mayor difusión de los alcances del propio mecanismo a fin de no generar falsas expectativas.
En el país, actualmente hay 17 leyes estatales vigentes, una de ellas en Jalisco, y aunque hay otras entidades en donde se considera que están teniendo buenas prácticas como Baja California, el Estado de México y Guerrero, también en Nuevo León, Coahuila y Veracruz han apostado a políticas públicas que se consideran avances en esta materia de defensoría que pudiera sentar las bases para la construcción de un sistema nacional de protección.
Iván Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Víctimas, reconoció que en la entidad el mecanismo no tiene atribuciones suficientes porque las acciones de protección son evaluadas a nivel nacional a través del Consejo Consultivo que evalúa el riesgo y son quienes determinan el apoyo que brindará el Estado, según la situación.
Así en la entidad, el Consejo dejó de sesionar desde hace año y medio, terminó el periodo ya no se constituyó de nueva cuenta, y es en este marco que incluso señalaron que el momento genera la coyuntura para analizar la situación estatal ante la obligatoriedad de esta defensa.
Finalmente, Jorge Alejandro Góngora Montejano, Fiscal de Derechos Humanos en la entidad refirió que se tienen avances en la impartición de justicia y expuso que se tienen detenidos por el delito de tortura y en el caso de funcionarios, puntualmente de la Fiscalía estatal, se han separado mientras se sigue su proceso.
“En el caso de los agentes del estado que han incurrido en alguna falta en su labor, así como también en la tipificación de algún delito que se marquen dentro de los actos que cometen servidores públicos… tenemos personas en prisión preventiva oficiosa por delito de tortura, es algo que nunca se había realizado en administraciones pasadas, hay personas que están actualmente bajo un proceso y están retirados de su encargo público”.
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