La Iglesia invirtió 10.6 millones de dólares para cabildear en ocho congresos estatales
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WASHINGTON.
De 2011 a 2018, la Iglesia católica de Estados Unidos destinó 10.6 millones de dólares para bloquear leyes contra curas pederastas.
En esos años, ocho estados del país impulsaron legislaciones para ampliar el tiempo de prescripción de los delitos.
Lo cual hubiera permitido juzgar a clérigos que cometieron abusos sexuales hace décadas.
Así lo reveló un informe de los despachos de abogados Abraham, Watkins, Nichols, Sorrels, Agosto y Aziz, Williams Cedar y Seeger Weiss.
Este reporte expone lo que sabemos, la Iglesia católica se rehúsa a tomar responsabilidad por décadas de abuso que ocurrieron ante sus ojos”, dijo el abogado Stephen Weiss, quien trabaja en una de las firmas responsables del reporte.
En el lapso de siete años, los estados de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Maine y Rhode Island discutieron leyes para ampliar el tiempo de prescripción de ese tipo de delitos.
Las actividades de cabildeo de la Iglesia contrastan con sus declaraciones públicas sobre la necesidad de apoyar y ofrecer una conclusión a los sobrevivientes”, denuncia el informe.
Pensilvania es el estado donde la presión fue más intensa. Según los datos recopilados por estos bufetes de abogados, la Iglesia invirtió 5.32 millones de dólares para paralizar una ley que, tras ser aprobada el pasado 10 de abril por la Cámara de Representantes estatal, espera todavía ser votada en el Senado.
La entidad ha sido centro del escándalo de los presuntos abusos por parte de religiosos en el país.
Por su parte, en el estado de Nueva York (que el pasado 14 de febrero aprobó la conocida como Ley de Víctimas Infantiles) la inversión fue de 2.9 mdd.
En New Hampshire, donde el gasto fue de 134 mil 345 dólares, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta legislativa sobre el tema.
RECIBIERON APOYOS
Personas con antecedentes penales por delitos sexuales en Nueva York recibieron en total 63mil dólares en medicamentos para la disfunción eréctil y otros tratamientos a través del programa Medicaid, según la auditoría del estado.
Esto, pese a que regulaciones federales prohíben que Medicaid cubra tratamientos sexuales a todos los beneficiarios, no sólo a los convictos por delitos sexuales.
El programa gubernamental de asistencia médica para personas pobres o discapacitadas aprobó pagos por 930 mil dólares por los medicamentos de 2012 al 2018. De los beneficiados, 47 eran agresores sexuales identificados.
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