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Ciudad de México. Organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 aseveraron que las “descalificaciones” del Ejecutivo federal contra el grupo de expertos internacionales y los asesores de los familiares, así como la “protección al Ejército, ponen en riesgo el esclarecimiento del caso”.
Lamentaron los dichos presidenciales y subrayaron que los familiares de los estudiantes “no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro (hace dos semanas), al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración”.
Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar también rechazaron las descalificaciones en su contra. “No somos intermediarios ni administramos el dolor”, respondieron al Ejecutivo federal.
Expresaron su rechazo por los dichos presidenciales contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano “realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos”.
En un pronunciamiento, dijeron que igualmente no comparten las “descalificaciones” en contra del ex titular del Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, ya que –aseguraron– su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, “fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria”.
Por el contrario, señalaron que el actual fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, es quien “está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances”.
Ante la insistencia de que los militares ya entregaron toda la documentación del Caso Ayotzinapa, las organizaciones apuntaron que la “exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente”.
Respaldaron la exigencia de los padres y madres de los jóvenes, el jueves pasado, para que sea retirada la “narrativa de hechos” generada por el “’Gabinete de Seguridad”, que les fue presentada el 25 de septiembre y difundida en redes sociales al día siguiente, ya que “se aproxima a la llamada ‘verdad histórica’ al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias”.
La organizaciones aseveraron que las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en la actual adminstración. “Nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad”.
Por ello, también dijeron que acompañan la decisión de de los padres y madres de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre la base del informe que, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el jueves pasado, “mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar”.
En este sentido, insistieron en la demanda de que el Ejército entregue todos los documentos que tiene en su poder, ya que pese a solicitarlos por escrito, la Secretaría de la Defensa Nacional “simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad”.
“Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI)”, así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición, puntualizaron.
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