El confinamiento social, entre otras cosas, ha sido un obstáculo para la obtención de métodos anticonceptivos y para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo de forma segura
infobae.com
La pandemia de coronavirus en México ha afectado en muchos aspectos sociales. Uno de los más relevantes tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que está indiscutiblemente ligado a la planificación familiar en el país y es uno de los temas centrales por el cual se instauró el Día Mundial de la Población.
Este tópico en México ha tomado tal importancia que en medio de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de coronavirus, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que los derechos de las mujeres podrían verse vulnerados a causa del difícil acceso a métodos anticonceptivos durante el confinamiento social y también por la limitada infraestructura de los servicios sanitarios.
Según ONU Mujeres, este periodo podría tener repercusiones negativas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es alcanzar una mejor planeación familiar, evitar los embarazos no deseados y poner fin a las muertes maternas que se pudieron haber evitado.
Por un lado, la falta de espacios, así como la carencia de métodos de protección personal en las instituciones de salud, implicarían riesgos de contagio para las mujeres en puerperio.
Sin embargo, el organismo también destacó que “la Secretaría de Salud de México ha indicado la reducción la reducción del número de controles prenatales en embarazadas de bajo riesgo y la creación de espacios diferenciados para la atención del embarazo, aborto, parto y puerperio, de manera que se disminuya la posibilidad de contagio de COVID-19″.
Asimismo, solicitó que durante el lapso en que se mantenga el confinamiento social se garantice la provisión de métodos anticonceptivos, los cuales son parte de las herramientas de educación y prevención sexual.
De acuerdo con un informe elaborado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México se prevé que alrededor de 47,000,000 de mujeres en países de ingreso bajo y mediano no podrán usar anticonceptivos modernos si las medidas de confinamiento continúan causando interrupciones a los servicios durante seis meses.
En el caso de que estas disposiciones para evitar los contagios se deban extender hasta medio año, el UNFPA previó que podrían darse más 7,000,000 de embarazos no deseados.
Otro punto en donde ha impactado la pandemia de coronavirus relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres es el aborto, el cual, si se realiza en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro.
Sin embargo, “se vuelve riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres o sin la asesoría adecuada. En el mundo, entre 4.7 y 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro. En México, es la cuarta causa de muerte materna”, de acuerdo con una columna del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicada en el portal Animal Político.
Esta misma organización, la cual promueve el debate informado sobre los derechos reproductivos, también señaló que “es indispensable que concibamos a la salud reproductiva como un aspecto de la salud integral y a los derechos reproductivos como derechos humanos. Queda clara la importancia de que los sistemas de salud tengan como prioridad atender la pandemia”.
En ese sentido indicó que las autoridades deben priorizar algunas situaciones de salud que no se pueden posponer como la necesidad de acceder a un aborto seguro. “No podemos olvidar que al negar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo se propician métodos inseguros que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres”, concluyeron.
Sobre la violencia de género, la ONU indicó que es probable que con la pandemia se reduzcan las iniciativas de prevención y protección hacia las mujeres. Además, si esta se llegase a extender por seis meses, se prevén 31,000,000 de casos de este tipo de violencia.
Aunado a todo ello, los servicios y atención social tendrán una disminución relevante y cabe la posibilidad de que la emergencia sanitaria de COVID-19 “reduzca en un tercio los avances alcanzados en aras de poner fin a la violencia de género para 2030″.
Por otra parte, UNFPA presentó el informe del Estado de la Población Mundial 2020, el cual está enfocado en las prácticas nocivas que continúan prevaleciendo en el mundo como el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la preferencia por los hijos varones.
Estas prácticas, consignan en el documento, reducen o limitan el desarrollo y la capacidad de las mujeres y niñas para participar plenamente en la vida pública, lo cual provoca daños físicos psicológicos y sociales con el conocimiento pleno de sus familias, amigos y comunidades.
Derivado de este informe, el UNFPA México indicó que el país no está lejos de esta realidad, pues se encuentra entre los de mayor prevalencia de matrimonios forzados e infantiles y uniones informales, por lo que señaló como necesario fortalecer las herramientas, compromisos y acciones para reducir las cifras a través de actos que contribuyan a una transformación social.
Al respecto, Arie Hoekman, representante del UNFPA en México, describió que las prácticas nocivas se basan en la premisa de que los derechos y el bienestar de las mujeres y niñas son menos importantes que los varones generando que otros tomen decisiones por ellas.
Por ello, durante la presentación del reporte, Hoekman hizo un llamado para acelerar los esfuerzos y fortalecer las alianzas bajo el propósito de terminar con estas prácticas incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19.
Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) enfatizó que las prácticas nocivas forman parte de un espectro de violencia, mismas que son invisibilizadas y defendidas por el patriarcado, lo cual puede derivar en situaciones como el embarazo no deseado en menores de edad.
Para erradicarlas, Eugenia López, representante de Girls Not Brides para América Latina y el Caribe, habló sobre lo fundamental que es que el gobierno mexicano implemente una política multisectorial no sólo de mitigación, sino también de prevención que ponga a las adolescentes en el centro.
La especialista también explicó que se deben “abordar de manera integral los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, ya que sabemos que la desigualdad económica es una de las principales causas de estas uniones y se espera que con la pandemia del COVID-19 se profundicen los impactos”.
Los expertos coincidieron en que para terminar con prácticas nocivas resulta necesario construir nuevos caminos, abogar por la educación sexual integral desde la infancia, contar con leyes adaptadas a los marcos internacionales, formar estrategias participativas adecuadas al contexto cultural y fomentar el diálogo entre todos los sectores.
Cargando ...
