Se detectaron irregularidades por más de 170 mil millones de pesos y el gasto público ejercido se excedió en 6.3% a lo aprobado por el Poder Legislativo.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados rechazó la cuenta pública del último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre otras razones porque se detectaron irregularidades por más de 170 mil millones de pesos y porque el gasto público ejercido se excedió en 6.3% a lo aprobado por el Poder Legislativo.
Con 400 votos a favor de las bancadas de Morena, PAN, PT, MC, PES, PVEM y PRD, 48 sufragios en contra del PRI y ocho abstenciones, se instruyó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la cuenta pública de 2018.
De igual manera, se avaló que la ASF rinda cada semestre a la Cámara de Diputados información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.
El diputado de Morena Irineo Molina informó que hasta ahora sólo se han recuperado mil 769.4 millones de pesos, lo que representa el 1% del total de los 173 mil 50 millones susceptibles de regresar a las arcas públicas.
“Considerando que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política de gasto ni los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales o sectoriales –un impacto marginal en beneficio de la sociedad–, no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2018”, señala el dictamen.
La actual legislatura también rechazó en octubre del año pasado las cuentas públicas peñistas del 2015, 2016 y 2017.
El documento aprobado esta tarde en San Lázaro destaca que la evolución sexenal de los indicadores de pobreza, desigualdad, competitividad, informalidad y precariedad laboral, así como el acceso a servicios públicos de calidad, apuntan a que el desempeño del gobierno federal no priorizó de manera efectiva el bienestar de la población.
En la valoración particular del gasto se subraya la deficiente planeación y ejecución de los recursos asignados a la población damnificada por los sismos de 2017, las fallas en el registro de los afectados en las entidades dañadas, así como la opacidad con que el Fideicomiso Fuerza México recibió y asignó recursos provenientes de donaciones del extranjero.
Además, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, incluido en el Ramo 23, rebasó su monto originalmente aprobado en 2 mil 537 millones de pesos (mdp) para distribuir en realidad 50 mil 172 mdp durante su ejercicio, de manera discrecional, lo que significa –señala el dictamen– que “distribuyeron libremente 47 mil 634 mdp”.
También se destaca que el gasto público neto ejercido fue de 5,611,559.1 mdp, monto 6.3% superior al aprobado por la Cámara de Diputados, que fue de 5,279,667 mdp.
Es decir, el gasto adicional que fue ejercido más allá de la autorización legislativa llegó a 331 mil 892 mdp.
Por su parte, el desglose informativo del documento avalado por todas las bancadas, excepto la del PRI, destaca que la Oficina de la Presidencia de la República registró una erogación de más del doble de lo aprobado.
En vez de mil 797 mdp, ejerció realmente 3 mil 682 mdp, por medio de transferencias recibidas durante el ejercicio, que representaron un incremento de casi 105%, “lo que ejemplifica el uso de amplios márgenes de decisiones discrecionales como característica de la gestión financiera de los recursos públicos”.
Asimismo, el dictamen reporta irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, como la falta de justificación en la entrega de materiales, pagos improcedentes y modificaciones en contratos.
En este punto advierte que, como resultado de la fiscalización al Fondo para el Fortalecimiento Financiero del Ramo 23, aún hay por solventar 7 mil 400 mdp.
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