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Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), ejerció acción penal contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por el delito de tortura cometidos a presuntos integrantes del Cártel del Golfo detenidos en 2010 en el estado de Tamaulipas, como parte de “guerra contra el narcotráfico” emprendida en ese entonces por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Lo anterior, luego de que un tribunal colegiado en materia penal, concedió un amparo a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de Combate a La Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien a través de un recurso de revisión impugno que la FGR omitió realizar una debida investigación en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/017/2015, sus acumuladas y otros.
“Procede conceder el amparo para que el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, una vez que el Fiscal General de la República, expida el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y establezca la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro; realice el registro correspondiente respecto de la víctima en el aludido registro, o en su caso dé la instrucción que lo haga a quien corresponda”.
En su informe, la FGR señaló que el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de Mesa 4-C, adscrito a la Coordinación “A” de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, informó que, por lo que hace a los quejosos Iván Jiménez Valdivieso y Luger Avendaño Ramírez, quienes fueron detenidos en 2010, “se ejercitó acción penal en contra de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, por la comisión del delito de tortura”.
Indicó que está pendiente resolver si se ejerce acción penal en contra de otras 12 personas detenidas en septiembre de 2010, junto con un arsenal.
“En lo referente a Carlos Fernando Pensado Manzano, se está en espera de la emisión del dictamen médico en base al Protocolo de Estambul por parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Institución para estar en la posibilidad de poder determinar lo conducente en relación a este quejoso” señala el fallo.
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