CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Entre marzo y septiembre de 2014, una sociedad fantasma parte de una red de compañías de papel vinculadas con Omar Treviño Morales -el exlíder criminal de “Los Zetas” conocido como “Z42”- y con desvíos multimillonarios de recursos federales y estatales, operó con total impunidad una cuenta bancaria en Cibanco en México, desde la cual movió por lo menos 5 millones 16 mil dólares.
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La sociedad, llamada Consultoría Sow, S.A. de C.V., fue constituida en febrero de 2013 y disuelta en enero 2015. El banco Standard Chartered Bank de Nueva York tardó más de un año y medio para avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sobre sus posibles operaciones de lavado de dinero, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tardó otros dos años –hasta mayo de 2018– para incluirla en su lista de empresas fantasmas.
En otras palabras, durante su corta vida de operación, la sociedad fantasma cumplió su papel: lavó unos cuantos millones de dólares a través del sistema financiero mexicano y de Estados Unidos y se esfumó.
Aparte de Consultoría Sow, otra empresa vinculada con el temido grupo de los Zetas –pero con José Treviño Morales, el hermano de Omar conocido como Z40–, llamada Tremor Enterprises LLC y señalada por lavar dinero del narcotráfico con caballos, recibió una pequeña suma de dinero en julio de 2012, que salió de la cuenta de una mujer radicada en Córdoba, Veracruz, y aterrizó en la cuenta de la empresa criminal, en el Bank of America.
Consultoría Sow forma parte de una red de sociedades fraudulentas incorporadas por los hermanos José Alfonso y Eva Margarita López Tamez, quienes ocupan las corredurías número 28 y 22 –respectivamente– en Nuevo León.
Las “socias” de la empresa fantasma son las mismas vecinas de edad avanzada de un barrio humilde de Monterrey, quienes fueron usadas en la creación de empresas fantasmas que Treviño Morales utilizó para comprar casas antes de su detención, ocurrida en marzo de 2015.
Eva Margarita López Tamez fue diputada local por el PAN entre 2015 y 2018, y posteriormente se presentó como candidata para la presidencia municipal de Allende por Movimiento Ciudadano.
Además de las sociedades del líder de los Zetas, los López Tamez crearon un sinnúmero de empresas de papel que tuvieron distintos propósitos: algunas fueron usadas en los desvíos multimillonarios de recursos operados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y conocidos como la “Estafa Maestra”; otras fueron usadas para canalizar recursos del municipio de Nuevo Laredo o de gobiernos estatales.
Y no sólo esto: en julio pasado, los periodistas Miriam Castillo y Raúl Olmos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentaron que los Gómez Tamez comparten el edificio de su correduría –el inmueble ubicado en Rafael Verger 1814, Obispado, Monterrey– con el despacho TTG Asociados SC, el cual –junto con otro despacho- participó en presuntas operaciones de sobornos de la constructora Odebrecht.
Por estar en dólares, algunas transacciones de Consultoría Sow salieron de su cuenta en Cibanco, el cual a su vez las pasó al Standard Chartered Bank de Nueva York para que éste procesara las operaciones en la moneda estadunidense.
Ese papel redituable –los bancos de Estados Unidos cobran una comisión en cada transacción en dólares– se conoce como “banco correspondiente”, pero obliga a las instituciones a alertar al FinCEN ante cualquier duda sobre el origen o la legalidad de la operación que procesan.
Las transacciones de Consultoría Sow despertaron dudas en el equipo de prevención de lavado de dinero del Standard Chartered Bank: en el reporte de actividad sospechosa (SAR) que mandó al FinCEN, el equipo expresó su inquietud de que la empresa, formalmente dedicada a “servicios de consultoría legal, contaduría, fiscal, mercadotecnia y recursos humanos”, envíe dinero en lugar de recibirlo; por si fuera poco, la empresa “no proveyó ninguna información para justificar las transacciones”.
El SAR formó parte de los más de 2 mil 600 documentos bancarios confidenciales que obtuvo BuzzFeed News, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Éste, a su vez, coordinó a 400 periodistas en 110 medios –Proceso incluido– para la investigación conocida como FinCEN Files.
El equipo del banco no detectó que podía tratarse de una sociedad operada para uno de los líderes más importantes de Los Zetas, señaló sus dudas ante las actividades y subrayó que uno de los beneficiarios de un depósito era una empresa de papel constituida en Panamá, llamada Desarrollo Amaretto, S.A., la cual estuvo administrada por el despacho Quijano y Asociados.
Entre sus representantes en Panamá estuvo el abogado Emmanuel Salazar Zurita, quien fue señalado en la investigación global Panama Papers –también coordinada por el ICIJ, y en la que participó Proceso— por ser el director de papel de empresas vinculadas con pagos de sobornos de Odebrecht en Colombia y de otra empresa que vendió un helicóptero a la primera dama de Guatemala. Quijano y Asociados nunca contestó un cuestionario que Proceso le envió.
Los hallazgos derivados del SAR de Standard Chartered evidencian las profundas fallas que existen en México en materia de combate al lavado de dinero, y que reportó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un amplio informe publicado en enero de 2018: en ese documento, los expertos señalaron la ausencia de control sobre las empresas fantasmas, usadas tanto por grupos del crimen organizado, funcionarios y políticos corruptos, evasores fiscales y otros delincuentes de cuello blanco.
Pero el informe también insistió en la poca vigilancia del entorno que les permite florecer en total impunidad: sobre los propios bancos, que no identifican adecuadamente a los beneficiarios de las sociedades de papel y sus cuentas bancarias, así como los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT y tienen un papel “fundamental” en el lavado de dinero, como 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país.
En el caso de Sow, es evidente que Cibanco no tenía idea de con quién trataba: según el reporte del Standard Chartered, el banco mexicano le indicó que la empresa se encontraba en el número 263-5 de la carretera libre federal Monterrey-Santiago, en la Colonia Los Cristales, en Monterrey, una dirección inexistente.
Los corredores también tuvieron un papel central en la empresa fraudulenta: incorporaron la sociedad de papel a nombre de Irene Rodríguez Cervantes y Martha Flores Guardado, dos señoras mayores de 70 años, vecinas de una colonia popular de Monterrey y evidentemente no empresarias.
El apoderado legal de la compañía era Efrén Azael Adame Sosa, señalado en investigaciones por sus vínculos con otras seis empresas de Treviño Morales, también creadas por los hermanos Gómez Tamez, titulares de las corredurías 28 y 22, con las identidades de los mismos vecinos del barrio popular.
Estas empresas, Servicios Empresariales Luze, Desarrollo Comercial Lexir, Servicios Empresariales Lexir, Desarrollo y Construcciones G30, Servicios Empresariales Zorfimex y Grupo Bolan fueron usadas para comprar tres residencias de Omar Treviño Morales, por un monto total superior a 36.5 millones de pesos y por otros servicios del capo, según reportó Milenio en los últimos cuatro años.
Treviño Morales tomó el control de los Zetas en julio de 2013, después de la captura de su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, un capo conocido como el “Z40”, famoso por su crueldad absoluta y sus acciones ultraviolentas.
El hombre fue detenido a su vez en marzo de 2015 en el municipio de San Pedro Garza García, al norte de Monterrey; y, en julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que se le declaró culpable de los delitos de portación de armas de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales fue condenado a 18 años de cárcel.
El año pasado, documentos analizados en la investigación global Bribery Division, también coordinada por ICIJ, llevaron a reporteros de MCCI al despacho de los corredores Gómez Tamez por otra razón: la factura del despacho TTG Asociados AC, para una supuesta asesoría de la constructora Odebrecht –sobre una obra de infraestructura en Ecuador– indicaba la misma dirección que la correduría 28, en Monterrey.
Ese despacho, a su vez, compartía otra dirección en Tampico, Tamaulipas, con otro despacho: García, Terán & Torres Asociados SC., cuyos empleados crearon 12 empresas fantasmas usadas para repartir sobornos de Odebrecht en Veracruz, en los tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
En una entrevista que dio a los periodistas, Alfonso Gómez Tamez se jactó de haber registrado 32 mil actas en 10 años, y afirmó que su papel se limita a entregar actas de constitución de empresas.
“Yo hago mi trabajo, yo te la doy (el acta constitutiva). Lo que hagas de aquí para allá ya no me toca; no soy quién para estar cuidando o vigilando”, dijo.
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