En la UIF, “la técnica sin propósito político no sirve”: Pablo Gómez

Tras el escándalo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que acabó con la dimisión de Santiago Nieto, su nuevo titular, Pablo Gómez, habla sobre el objetivo de la entidad hacendaria y el acercamiento que ésta ahora tendrá con autoridades como la FGR y la FEPADE.

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Tras el escándalo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que acabó con la dimisión de Santiago Nieto, su nuevo titular, Pablo Gómez, habla sobre el objetivo de la entidad hacendaria y el acercamiento que ésta ahora tendrá con autoridades como la Fiscalía General de la República y la FEPADE, una vez que sea ratificado por la Cámara de Diputados. Además de adelantar la revisión de los activos congelados en los bancos, refrenda su desaprobación al Instituto Nacional Electoral porque ahí, sentencia, “no comparten en absoluto los propósitos de la 4T”.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “La mejor técnica sin objetivo ni propósito político no sirve ni para arreglar una plancha”, asegura Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad hacendaria responsable de investigar e impulsar políticas para prevenir la presencia de dinero sucio en los circuitos financieros de México, y que en 2018 fue señalada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su baja efectividad ante la escasa colaboración con las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ahora, Pablo Gómez anuncia que la cooperación con entidades del gobierno federal y con la Fiscalía General de la República (FGR) será clave para la operación de la UIF.

Aunque a finales de octubre último, en el marco de la reunión plenaria del GAFI en París, se reconoció que México ya había avanzado en las recomendaciones de la institución intergubernamental, también se advirtió que el gobierno mexicano sólo cumple parcialmente con las políticas y protocolos para prevenir, detectar y combatir el blanqueo de capitales.

Al respecto, Jorge Sánchez Tello, director del programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), centro de investigación independiente con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, aseguró que en México es más fácil que se judicialice, se persiga y se castiguen delitos menores que el blanqueo de capitales, lo que constituye una seria vulnerabilidad para el Estado de derecho y las operaciones bancarias.

Los bancos y los intermediarios del sistema financiero invierten cada año millones de pesos en procesos para reportar transacciones sospechosas y relevantes a la UIF, sin que hasta ahora se tenga una sola sentencia en firme por lavado, dice Sánchez Tello.

“Resulta, entonces, que los bancos sostienen una regulación costosa para su operación sin resultados tangibles para el Estado de derecho en el país”, dijo el experto de la Fundef.

En los últimos tres sexenios, de 98% de las denuncias por lavado de dinero, sólo 2% se ha castigado, agregó.

Al respecto, el 19 de octubre pasado, Santiago Nieto aseguró que México avanzó en los informes y tipologías para identificar oportunamente los riesgos, métodos y tendencias utilizadas por el crimen organizado para lavar activos.

Revisión de activos

Gómez fue designado titular de la UIF tras la renuncia de Nieto.

Apenas el lunes 8 Nieto dimitió luego de una ola de críticas en redes sociales por la realización de su boda en Antigua, Guatemala, con 300 invitados; entre los asistentes estaba el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, a quien le incautaron 35 mil dólares en efectivo al arribar en un vuelo privado a las aduanas del país centroamericano porque no fueron declarados.

En entrevista con Proceso el miércoles 10, el nuevo titular de la UIF asegura que la mejor técnica para emitir alertas o detectar operaciones relevantes en el sistema financiero resulta inútil si no se tiene claro que el objetivo es terminar con el Estado corrupto que ha dañado la democracia.

Sobre el bloqueo de cuentas bancarias que ha realizado la unidad, Gómez dice que también revisará la situación de los activos en los bancos cuya propiedad debe acreditarse, con el propósito de proteger a los dueños legítimos o, en su caso, declarar que han sido abandonados.

Para el exlegislador y autor de libros sobre el financiamiento ilegal a campañas políticas de la organización Amigos de Fox, así como la transferencia de recursos públicos al sindicato de trabajadores de Pemex, la UIF y el gobierno de López Obrador pueden dar por sentado que en los últimos tres años se han dado los golpes más grandes en la historia contra los recursos del crimen organizado.

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