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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México persiste la falta de memoria en la sociedad y la criminalización de las víctimas y de sus familiares, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.
Durante el conversatorio “Niñez y desaparición forzada: Historias de lucha en México y Argentina”, y ante la presencia de Delia Giovanola, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la protectora de los derechos humanos en la capital recordó que las autoridades federales y capitalinas tienen una deuda con la sociedad: esclarecer el paradero de 40 mil personas desaparecidas en los últimos años.
Reconoció que la tarea no es fácil, pero sostuvo que debe asumirse con solidaridad y empatía hacia los afectados para ganar la batalla contra el olvido.
En su turno, Ana Valentina López, representante de Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México) resaltó las similitudes que guardan los casos argentino y mexicano con respecto a la desaparición forzada de personas y sus afectaciones para con los más pequeños.
Hija de una víctima de secuestro durante la dictadura de Rafael Videla en Argentina, Valentina esbozó el horror de la desaparición forzada y enunció los casos de mujeres embarazadas que fueron desaparecidas entre las décadas de los 70 y 80 por cuestiones políticas en territorio mexicano.
En el caso mexicano, dijo que no es fácil abordarlo por la falta de acceso a la verdad y a la justicia. La información existente al respecto, enfatizó, fue durante muchos años clasificada y restringida a la sociedad en su conjunto y lo que se tiene ha sido obtenido por organizaciones de la sociedad civil, como artículo 19.
“Son archivos mutilados con información tachada e incompleta porque la Ley del Estado así lo quiso”, indicó Ana Valentina.
Además, reclamó al Estado mexicano el derecho a la verdad y a la justicia, pues 50 años de distancia no existen responsables ubicados y condenados por estos delitos.
Aseguró que la organización H.I.J.O.S tiene al menos dos casos confirmados de mujeres que fueron secuestradas mientras estaban embarazadas y la madre de una de ellas cuenta con información de que su nieto logró nacer.
Se trata de Cristina Rocha Manzanares, quien fue secuestrada junto a su esposo Tranquilino Herrera Sánchez y a su cuñado Juan de Dios Herrera Sánchez, en Sinaloa, cuando tenía cuatro meses de embarazo.
El segundo de caso corresponde a María Teresa Torres Ramírez, secuestrada en Acapulco, Guerrero, junto a su esposo Guillermo Mena Rivera y un primo de este de nombre Alejandro Rivera Patiño, cuando tenía apenas tres meses de gestación.
Indicó que la madre de Cristina tuvo conocimiento del nacimiento de su nieto meses después, sin embargo, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) señalan que la integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre estaba relacionada con un robo a esta organización de carácter político y huyó a los Estado Unidos tras citar el referido documento: “se encuentra dándose vida de burguesa con su amante”.
Además, existen dos casos más de mujeres que probablemente se encontraban en el mismo estado, pero afirma que es difícil corroborar la información debido a que los involucrados participan en acciones políticas que eran perseguidas por el estado mexicano.
Por otra parte, dio testimonio de los casos documentados sobre los hijos nacidos de mujeres y hombres desparecidos antes del secuestro de sus padres, que con el paso del tiempo conocieron su verdadera identidad y se integraron a la búsqueda de sus padres, tal es el caso de Aleida Gayan Vargas, quien luego de conocer su origen pudo encontrar a su hermano y sigue buscando a sus padres Carmen y Roberto, hasta la fecha ausentes.
Valeria López indicó que existen muchas formas en que los pequeños son golpeados por la tragedia de la desaparición, ya sea de sus padres, tíos o abuelos, no obstante, advirtió la búsqueda de los desaparecidos debe romper las barreras de la filiación biológica pues vivimos en un país con más de 40 mil desaparecidos.
Finalmente, Nareida Avilés, hija de Epifanio Avilés Rojas, desaparecido en 1969 por el Ejército Mexicano, recordó lo difícil que fue su niñez luego de la ausencia de su padre, el primer caso de desaparición forzada documentada y quien encabeza en la lista de búsqueda del Comité Eureka.
“Éramos niños cuando esto sucedió y tenemos una historia que contar: el Estado Mexicano desapreció a nuestros padres, a nuestros familiares, y nos destrozó la vida”, sostuvo la hija de Epitafio a 50 años de su ausencia.
Al finalizar el evento y tras ser cuestionada sobre el caso de Norberto Ronquillo, Nashielli Hernández informó que la familia indicó que por el momento no querían presentar una queja a la Comisión, sin embargo, el organismo se encuentra trabajando con las autoridades para tomar medidas respecto a los problemas que se presentaron en la cadena de custodia de las evidencias del caso.
Asimismo dio a conocer que de 2010 a 2019, ha recibido 73 quejas por casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes, vinculados a la falta de diligencia de las autoridades del Centro de Atención de Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX).
Nashieli Ramírez, titular del organismo, explicó que las quejas fueron motivadas por maltrato de las autoridades a las personas denunciantes, negativa de tomar la denuncia o iniciar la carpeta de investigación, falta de información adecuada sobre las acciones realizadas para la búsqueda o para iniciarla, así como para activar la Alerta Amber.
Ante la presencia de Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció la labor de la asociación que recientemente encontró al nieto número 140, sustraído durante la dictadura Argentina.
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