Agregó que a través de un recorrido por la zona han detectado que los pozos de extracción en operación son “mucho más” que los 47 que oficialmente están registrados.
En ese sentido, la funcionaria estatal mencionó que detectaron una disminución de ocho metros en el nivel de mantos freáticos en la región, ocurrida en los últimos 15 años, pero tres de esos metros bajaron en los últimos dos años. “Esto habla de una extracción intensiva”, abundó.
Eso se suma a las condiciones de suelo que por la extracción ha perdido limos o arcillas, elemento que cohesiona la tierra y deja tierras arenosas.
Además, indicó, se agregan las condiciones climáticas de los últimos tres años, en los que se ha registrado una sequía, con precipitaciones 35% menores al promedio, y se conjugaron con las lluvias de este año, 85% superiores.
“Esto significa que se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales, y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso”.
La funcionaria estatal resumió que, de acuerdo con ese estudio, el socavón de más de 126 metros de diámetro, que empezó a formarse desde el 29 de mayo, se debe a tres causas conjuntas: el tipo de sedimentos naturales y originales de la zona, elementos climáticos y las actividades humanas de una intensiva extracción de agua.
“La acumulación de estos elementos a lo largo de muchos años ocasionó que el suelo en ese punto específico llegara al límite de resistencia y se generó este colapso”.
Agregó que en los estudios se han ubicado otras oquedades en el subsuelo de esa región del municipio de Juan C. Bonilla, por lo que ampliaron el perímetro de seguridad.
Por su lado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que el estudio realizado por el IPN no es final, pues aún se generarán otras conclusiones, pero por lo pronto servirá para que su gobierno tome decisiones.
La secretaria de Gobernación estatal, Lucía Hill Mayoral, dijo que acordaron con el Sistema Nacional de Protección Civil que otros académicos y expertos de Geofísica y Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también lleven a cabo estudios de los terrenos para contribuir a un resultado más amplios y completo del fenómeno.
En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano, señaló que a la fecha sólo falta pagar indemnización a uno de los afectados por este fenómeno.
Finalmente, el gobernador precisó que en cuanto a la familia que perdió su vivienda por quedar en el perímetro de la oquedad, ya se tomó la decisión de que ellos elijan un terreno en el que quieran vivir. La administración estatal lo comprará y les pagará la construcción de una nueva casa.
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