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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi cinco años, urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a procurar el respaldo de todas las instituciones del Estado, en particular de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dar con el paradero de los estudiantes.
En conferencia de prensa, luego de participar en una reunión de más de dos horas con el Ejecutivo, en Palacio Nacional, los familiares de los normalistas dieron a conocer las exigencias y preocupaciones expuestas.
Del encuentro, los padres y madres obtuvieron el compromiso de realizar encuentros bimestrales con el presidente de la República para dar seguimiento al caso, así como concertar una reunión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero y conminar al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, a que entregue la información solicitada por los familiares de las víctimas.
En nombre de los familiares de los 43, Hilda Leguideño y Emiliano Navarrete resaltaron que, en la reunión de agosto con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, solicitaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una reunión con López Obrador, ante la falta de respuesta de la FGR y la Sedena para avanzar en la indagatoria, y debido a la ausencia de castigo para los funcionarios que obstaculizaron el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con los voceros, expusieron a López Obrador sus inquietudes, luego de que el subsecretario Alejandro Encinas rindió un informe de los trabajos realizados por la Comisión.
Hilda Leguideño destacó que en el encuentro los padres y madres reconocieron la labor y voluntad de Encinas, pero lamentaron que “no todas las instituciones estaban caminando a la par”, y resulta preocupante “que pase el tiempo y no se tengan avances”.
Luego de destacar que la respuesta que recibieron de López Obrador es que sostendrá reuniones bimestrales con ellos para dar seguimiento al caso, Leguideño agregó que también se le pidió fortalecer los vínculos con los organismos internacionales para avanzar en las investigaciones.
A su vez, Emiliano Navarrete resaltó que, para los familiares de los 43 desaparecidos, la atención que ha brindado el presidente “abre la esperanza” de que habrá resultados, aunque ciertamente están “desesperados por la lentitud” en que avanzan los procesos “para cimentar una base sólida”.
Se quejó de que, si bien en el expediente hay “nombres y apellidos” de presuntos responsables de la desaparición, como los “policías municipales de Huitzuco y de Iguala, así como policías federales y militares que tomaron fotografías del momento en que se llevaban a los muchachos”, hasta ahora las autoridades de la FGR no han logrado conseguir las órdenes de aprehensión para detenerlos.
Y destacó que en la reunión se le pidió a López Obrador “que empiece a presionar para que los funcionarios hagan su trabajo y encontremos a nuestros hijos”.
Las exigencias se centran en la lentitud con la que ha trabajado la FGR, como la tardanza de seis meses para la creación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, y antes de ello la falta de acciones de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero para recomponer la indagatoria, lo que derivó en las liberaciones de implicados, entre ellos Gildardo López Astudillo.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que otra de las preocupaciones es que, después de dos reuniones con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, y de haber ingresado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, hasta ahora no se ha dado respuesta a un cuestionario de al menos 100 preguntas, relacionadas con la participación del personal castrense que estuvo en funciones el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Agregó que los padres pidieron que se castigue a funcionarios públicos que obstaculizaron las indagatorias, sembraron pruebas o manipularon la información, como es el caso del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Asimismo, buscar los mecanismos para fortalecer la coadyuvancia internacional, para lo cual es necesaria la integración de al menos cuatro de los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes estarían dispuestos a participar en esta nueva etapa.
Vidulfo Rosales destacó que el reporte de Encinas resalta que en los meses de creación de la comisión presidencial se realizaron 10 operativos de búsqueda, sin embargo, dijo, los padres y madres han advertido “poco compromiso de la FGR para retomar las líneas de investigación del GIEI, y los esfuerzos de Alejandro Encinas no se ven acompañados por el fiscal general”.
Por su lado, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, sostuvo que en febrero pasado, en una reunión que padres y madres de los 43 y sus representantes sostuvieron con Gertz Manero, le advirtieron de “la preocupación de que los procesos se cayeran” una vez que se avisara del cierre de instrucción.
Tras exculpar al responsable de la Unidad Especial, Omar Gómez Trejo, quien tomó posesión el pasado 27 de junio, subrayó que la caída de los procesos “no es responsabilidad del fiscal especial, pero sí de la FGR”.
Insistió que hasta ahora la colaboración de la Sedena ha sido “insatisfactoria”, pues la información que ha entregado a los padres y madres y sus representantes ya es conocida por ellos, pero la dependencia mantiene información reservada.
El director del Centro Prodh puntualizó que para esclarecer el caso es indispensable que se investigue a los elementos del 27 Batallón “que han tenido una conducta irregular la noche del 26 y 27 de septiembre, así como vínculos con la organización Guerreros Unidos, e incluso algunos de sus miembros tendrían relaciones familiares con militares, por lo que se está pidiendo que se investiguen esas líneas”.
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