Al matrimonio Gómez-Mont y Álvarez Puga se les acusa de los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por presuntas operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales, o “fichas rojas”, en contra del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez-Mont.
Según el portal de noticias Animal Político, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuenta con informes de inteligencia que apuntan a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.
La solicitud a la Interpol se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del Estado de México en contra del matrimonio, por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.
La FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez, dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esa alternativa, en vez de un citatorio voluntario a la audiencia inicial.
Al matrimonio Gómez-Mont y Álvarez Puga se les acusa de los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
De ser encontrados responsables, luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.
La indagatoria, de la que Animal Político reveló varios detalles, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos, a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.
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