CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fiscal General del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, rechazó que funcionarios vinculados al ex fiscal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico, estén obstruyendo la investigación y persecución de delitos como la desaparición forzada.
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La reacción del fiscal se debe a que el pasado 24 de agosto, de acuerdo con lo que dio a conocer ese día el portal de Proceso, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) emitió Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el Estado de Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020.
También solicitó al Estado mexicano informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de la Policía Estatal que haya tenido posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal Edgar Veytia, por 39 casos de desaparición forzada cometidos en ese estado.
“Acudimos (ante el CED) como último remedio ante el infierno que vivimos los familiares de personas desaparecidas en Nayarit. Muchos hemos recibido amenazas por el sólo hecho de buscarlos. Esperamos que con la intervención de las Naciones Unidas, las familias puedan, por fin, encontrar a nuestros hijos desaparecidos y acceder a la verdad, a la justicia y a la no repetición”, señaló Rosa María Jara Montes, Coordinadora del Colectivo “Por Nuestros Corazones” y madre de Alejandro López Jara, desaparecido el 22 de junio de 2017.
La organización no gubernamental, IDEHAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C y colectivos de víctimas denunciaron 39 casos de desaparición forzada cometidos en la entidad debido a que “la Fiscalía General del Estado de Nayarit no tiene voluntad política de esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas”.
Sobre esta respuesta de la ONU, el funcionario asegura en un comunicado que tanto a Veytia como a sus más cercanos cómplices, cuando fungió como titular de esta institución, se les integró carpetas de investigación y se les han girado órdenes de aprehensión por crímenes graves, entre otros asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y despojo de tierras, se asegura en un comunicado.
Se ha renovado a gran parte del personal, pero algunos policías y servidores públicos que permanecen en esta Fiscalía General desde administraciones anteriores -incluyendo la de Veytia-, han aprobado cada año exámenes de control y confianza, se han desempeñado hasta ahora con honestidad y eficacia, pero están sujetos al escrutinio público y legal como cada uno de quienes servimos en esta institución”, señaló.
En un comunicado, señala que sus “precisiones” son una respuesta pública al Comité (CED) de la ONU, a las organizaciones civiles interesadas, pero sobre todo a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con quienes trabajamos cerca y han manifestado su preocupación por el tema de las desapariciones forzadas en Nayarit.
Señala que la actual Fiscalía General por conducto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, ha radicado 63 carpetas de investigación por las presuntas desapariciones forzadas de 77 personas ocurridas entre 2016 y 2018, de los cuales 40 son casos pendientes, 20 se han encontrado sin vida, mientras que 17 se han recuperado con vida.
Y señala que durante el año 2019 y lo que va del 2020, no se han presentado denuncias por este delito.
De acuerdo a sus datos, la Fiscalía Especializada ha recibido durante la actual administración un total de mil 416 denuncias por la desaparición de mil 534 personas, logrando la localización de 906 personas -849 con vida y 57 sin vida-, por lo que se han recuperado 3 de cada 5 personas.
La Fiscalía de Nayarit, además ha logrado 9 sentencias condenatorias, con penas que han alcanzado hasta los 75 años de prisión, por delitos vinculados a la desaparición de personas.
“Es bienvenida la intervención de la ONU, así como la de instituciones y organismos nacionales e internacionales que realicen acompañamiento y seguimiento de los casos de personas desaparecidas, lo que sin duda es uno de los temas más complejos a atender por parte del Estado mexicano”.
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