La empresa china Ganfeng Lithium está apelando la cancelación de nueve concesiones para la explotación de litio en Sonora.
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Ganfeng Lithium Co. está abierta a formar una sociedad con el gobierno mexicano en un proyecto que convertiría a la nación latinoamericana en un productor comercial del metal para baterías y resolvería una disputa sobre el activo.
Si bien la empresa china está apelando la decisión del gobierno de agosto de cancelar sus concesiones, una alternativa es formar algún tipo de asociación público-privada para un proyecto valorado en más de mil millones de dólares, dijo el jefe de la unidad Bacanora Lithium de Ganfeng. La sugerencia surge cuando las conversaciones con el gobierno de México se han estancado.
“Hemos estado tratando de discutir cómo Ganfeng y el gobierno pueden trabajar juntos”, dijo el director ejecutivo de Bacanora, Peter Secker, en una entrevista el jueves. “Ya sea que quieran hacerlo sobre una base económica o como una empresa conjunta, estaremos encantados de trabajar con ellos de cualquier manera que sea comercialmente viable”.
Ganfeng, el tercer mayor productor mundial del metal, está intentando sortear el enfoque estatista del presidente Andrés Manuel López Obrador en el naciente sector del litio de México, mientras los productores de materiales clave para alejar al mundo de los combustibles fósiles soportan un repunte en el nacionalismo de los recursos y una mayor social y escrutinio ambiental.
Cuando Ganfeng compró Bacanora a principios de 2022, esta última se estaba embarcando en una fase de desarrollo de 800 millones de dólares que habría iniciado la producción comercial en algún momento de este año.
La mina a cielo abierto y la instalación de procesamiento en el estado de Sonora, en el noroeste de México, producirían 35 mil toneladas métricas al año, dijo Secker, lo que brindaría al país una fuente local de litio para su cadena de suministro de vehículos eléctricos en rápida evolución. Cuando los legisladores mexicanos aprobaron un proyecto de ley en abril de 2022 para otorgar al Estado el control total de la minería del litio, el trabajo del proyecto quedó en suspenso.
La Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y la oficina del presidente de México no respondieron a solicitudes de comentarios. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo a principios de este año que la compañía estatal de litio de México, LitioMx, estaría abierta a asociarse con empresas privadas. Sin embargo, el presidente ha dicho que nacionalizó el litio para evitar que países extranjeros, incluidos China, Estados Unidos y Rusia, lo exploten.
“El petróleo y el litio pertenecen a la nación, al pueblo mexicano”, dijo en febrero.
Si bien AMLO consideraba que el litio era demasiado estratégico para dejarlo en manos del sector privado, Ganfeng esperaba que se respetaran las concesiones existentes. Pero en agosto las autoridades notificaron a la empresa su decisión de cancelar nueve de sus concesiones, alegando incumplimiento de inversiones.
Bacanora está apelando la decisión en un tribunal estatal y aún ve margen para reiniciar el desarrollo. La empresa no ha mantenido ninguna conversación con el gobierno desde el aviso de derogación y se ha rechazado una solicitud de revisión. Si la apelación judicial en México fracasa y las conversaciones de asociación no prosperan, se consideraría llevar el caso a un tribunal internacional.
Si pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, el desarrollo del proyecto tomaría solo 18 meses, después de que la empresa pasó la última década perforando el depósito y probando formas de desbloquear el litio de los depósitos de arcilla, algo que no se había hecho antes a escala comercial. Si el Estado asumiera el control, Secker dijo que podrían tardar 20 años en llegar a la producción, dadas las limitaciones tecnológicas y de financiación.
Si bien su resultado preferido es desarrollar el proyecto de Sonora, Ganfeng podría eventualmente optar por vender el sitio.
“Nadie va a invertir mil millones de dólares a menos que tenga algún tipo de seguridad”, afirmó Secker. “La gente preferirá, para estos proyectos más grandes, dirigirse a jurisdicciones que presenten menor riesgo”.
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