Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, aseguró que las empresas que no cumplan serán consideradas defraudadores fiscales
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Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Senado consumó la histórica reforma para atacar la subcontratación ilegal, que beneficiará a unos ocho millones de trabajadores que laboran bajo ese esquema y podrán ser regularizados con prestaciones conforme a la ley, como seguridad social y reparto de utilidades.
A partir de que entre en vigor la ley, las empresas no podrán contratar trabajadores para tareas permanentes, únicamente podrán hacerlo para trabajos especializados.
Después de dos años de análisis legislativo, y tras un acuerdo del gobierno con empresas y sindicatos, el Senado y la Cámara de Diputados modificaron ocho leyes federales para regular el llamado outsourcing, incluso en trabajadores del gobierno federal.
Al respecto, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, aseguró que el único objetivo de ésta histórica reforma es regular la subcontratación ilegal, misma que beneficiará a los trabajadores.
Fue durante una entrevista con Darío Celis para el programa “Tiempo de Negocios” a través de la señal de El Heraldo Televisión, que el procurador fiscal mandó un mensaje al sector empresarial de que pueden estar tranquilos respecto a las nuevas regularizaciones.
Al final de cuentas esta reforma es para cumplir con obligaciones fiscales, ya no se puede contratar personal temporal, ahora se deben contratar servicios especializados, por ejemplo de contabilidad, sistemas de cómputo o limpieza”, aseveró.
Sanciones a quien no cumpla
En caso de que una empresa no cuente con su registro será acreedora a una multa de hasta 448 mil 100 pesos. También se fija que la participación de utilidades tendrá como límite tres meses del salario del trabajador.
En suma, el procurador aseguró que en el caso de que las empresas de servicios especializados podrán ser sancionadas con que el IVA no sea deducible, sin embargo, destacó que si contratan trabajadores para omitir el pago de cotizaciones serán considerados defraudadores fiscales y esto podría llevar hasta a 13 años de prisión.
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