La CIDH demanda investigar muertes de internos a manos de policías en penal de Cadereyta

*La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos…

proceso.com.mx

MONTERREY, N. L. (apro).- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos el 10 de octubre en el Penal de Cadereyta, que derivaron en la muerte de por lo menos 17 internos.

Este miércoles trascendió el fallecimiento de un lesionado en el motín, por lo que la cifra de decesos subió a 18.

 Mediante un comunicado, el órgano suscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Estado mexicano efectuar la respectiva investigación para identificar a los responsables y castigarlos por los acontecimientos, en los que también resultaron heridas al menos 40 personas.

En la relatoría de hechos, la CIDH señaló que el Estado de Nuevo León, que administra el penal ubicado a 30 kilómetros al oriente de la capital, alegó que utilizó la fuerza letal para rescatar a tres custodios que estaban secuestrados y que iban a ser arrojados al vacío desde la azotea de un dormitorio.

“La CIDH recuerda que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas”, señaló en el boletín.

Sobre la muerte de los internos a manos de policías de la corporación estatal denominada Fuerza Civil, el órgano demanda que sea iniciada de oficio una investigación “seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público” para dar con los responsables de estos hechos.

La Comisión Interamericana expresó su preocupación por otros hechos de sangre ocurridos desde junio del 2016 en penales de México, con el saldo de 80 personas muertas, como resultado de motines iniciados entre integrantes de grupos criminales contrarios.

En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH remarcó las condiciones de inseguridad que propician el surgimiento de violencia entre los internos con patrones comunes y estructurales que caracterizan la problemática carcelaria en el país.

“Los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, entre ellas, asegurar los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles”, dijo.

Trascendió este miércoles que falleció un interno identificado como Ricardo Ramírez, quien permanecía internado en el Hospital universitario a causa de múltiples heridas que sufrió durante los disturbios pasados en el reclusorio de Cadereyta.

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