La prisión en automático no baja incidencia delictiva

El informe señala que con el alza de delitos que ameritan esa medida cautelar sólo ha aumentado el número de presos.

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Con la reforma al artículo 19 constitucional, impulsada por Morena para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en los últimos dos años no ha disminuido la incidencia delictiva y sólo ha aumentado el número de personas encarceladas.

De acuerdo con un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre 2020 y 2021 los feminicidios aumentaron 3.2 por ciento; el abuso sexual, 23 por ciento; la desaparición forzada, 13 por ciento, y los delitos electorales lo hicieron en 557 por ciento en el marco del proceso electoral del año pasado.

Además, el análisis Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación, realizado por César Alejandro Giles Navarro, refiere que la población penitenciaria creció 13.4 por ciento, al pasar de 202 mil 337 personas presas en enero de 2020 a 229 mil 621 personas recluidas en agosto de 2022.

Ante ello, se pone énfasis en que, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso.

“La prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad, pues desde el año 2008 esta medida aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros que, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país”, se establece en el informe.

En abril de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa bajo la premisa de terminar con la llamada “puerta giratoria”, mediante la cual se amplió el catálogo de delitos en los que los jueces deben ordenar que las personas acusadas de cometer un ilícito vayan a la cárcel sin que exista una sentencia de por medio que acredite su culpabilidad.

Éstos son: feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas con fines electorales, delitos de corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana.

No obstante, la evaluación subraya que, como consecuencia de esta reforma, entre 2020 y 2021 sólo aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional, pero no disminuyó la inseguridad.

“Hasta el momento, no existe evidencia que compruebe la efectividad de la prisión preventiva oficiosa para prevenir el crimen o disminuir la incidencia delictiva. Como se dio cuenta en este documento, entre 2020 y 2021, se registró un incremento considerable del número de personas encarceladas por la mayoría de los delitos incorporados en el artículo 19 constitucional en el año 2019.

“Por lo menos en la mitad de estos delitos, la incidencia delictiva también aumentó en el mismo periodo, lo que demuestra que el hecho de que haya más personas en la cárcel no garantiza que se cometan menos delitos. En el caso de los delitos en materia de hidrocarburos, el robo a combustible disminuyó significativamente antes de que se le aplicara la prisión preventiva oficiosa”, se concluye.

No obstante, el pasado 25 de agosto la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, planteó a legisladores de Morena 12 reformas para “la pacificación del país”, entre las que destacó aumentar el número de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, entre los que mencionó la extorsión, el cobro de piso, la tala clandestina de árboles y la transportación de migrantes.