La realidad del mediático caso Lozoya: cero detenidos y el periodo para la presentación de pruebas a punto de concluir

Lozoya Austin llegó a México hace seis meses, con la promesa de denunciar a quienes encabezaron la corrupción que prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento, no hay cargos contra nadie

infobae.com

A casi un año de la captura de Emilio Ricardo Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de haber recibido sobornos por parte del gigante de la construcción brasileño, Odebrecht, y de haber comprado a un sobreprecio la empresa chatarra de Agronitrogenados que causó un quebranto en las finanzas de Pemex; la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) parece estancada, ya que se desconoce qué ha pasado con la indagatoria.

Emilio Lozoya, un hombre cercanísimo al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera secretario de Hacienda en ese mismo sexenio, Luis Videgaray, llegó al país el pasado 17 de julio extraditado desde España, en medio de un show mediático, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que se haría justicia y se sabría todo lo relacionado con la corrupción en el gobierno del -hasta el momento- último presidente priista.

Pero medio año después de que Emilio Lozoya arribó a territorio mexicano “arrestado” por la FGR, el exdirector de Pemex no ha pisado la cárcel, ni siquiera para firmar su “libertad condicional”, a pesar de que está imputado por los delitos de asociación delictiva y cohecho, así como por el uso de recursos de procedencia ilícita.

Hasta el momento, la Fiscalía citó al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, para que comparezca el próximo 26 de enero ante un juez federal de la Ciudad de México, en una audiencia en la que será imputado por el caso Odebrecht.

Mientras tanto, Lozoya Austin sigue en libertad.

El recuento

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Emilio Ricardo Lozoya Austin, un joven licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y con una importante trayectoria en empresas y organismos internacionales; llegó a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gracias a su amistad con Luis Videgaray Caso.

Después de que Peña Nieto ganó la Presidencia, Luis Videgaray recomendó a su amigo Emilio para que ocupara la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), en ese momento, la paraestatal más importante del país. Fue nombrado director en 2012.

Durante la dirección de Emilio Lozoya al frente de Pemex, se desataron grandes casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de “La Estafa Maestra”, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

Pero también durante su administración al frente de Pemex se concretó la llamada Reforma Energética y de la que -ahora se sabe- Lozoya Austin formó parte fundamental para “convencer” a punta de sobornos (gracias al dinero de Odebrecht), a los legisladores de la oposición para que aprobaran la llamada “joya de la corona” del paquete de reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto.

Justo los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, lo trajeron a México en calidad de acusado.

Imagen de archivo (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

El primero que se destapó fue el de la empresa brasileña Odebrecht. Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la constructora brasileña, pusieron al descubierto los sobornos millonarios que habrían recibido presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela; para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Las revelaciones ocasionaron un terremoto político en todos los países involucrados, que incluso, llevó a la cárcel a presidentes. Pero en México nada pasó pese a que los directivos de Odebrecht señalaron al director de Pemex de haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares a cambio de que le fuera adjudicado a la empresa brasileña el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo, la cual ascendía a 115 millones de dólares.

Emilio Lozoya aseguró que todo se trataba de una mentira, que no había recibido ese dinero. Pero ante el escándalo que se volvía cada vez más grande a nivel internacional, se vio obligado a renunciar en el año 2016. Fue reemplazado por José Antonio González Anaya.

Después se supo de la compra la planta chatarra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) por la que Pemex habría pagado cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

Los escándalos ocasionaron que Emilio Lozoya escapara de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto y quien había sido su gran amigo, Luis Videgaray.

Aseguró que Peña Nieto, Videgaray Caso y el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.

Los señalamientos tenían su origen algunos años atrás. De acuerdo con versiones periodísticas, Lozoya se enemistó con Videgaray Caso desde 2014, cuando en plenas negociaciones de la Reforma Energética, el director de Pemex buscaba que la ahora empresa productiva del Estado pudiera escoger “por dedazo” a sus socios privados para explotar campos petroleros, argumentando que así lo hacen las grandes petroleras del mundo.

El entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell alertó a Luis Videgaray de las pretensiones de Emilio Lozoya, por lo que ambos se opusieron a los planes del director de Pemex. Después, ya en el 2015, el ex secretario de Hacienda le pidió varias veces a Peña que quitara a Lozoya de la dirección de Petróleos Mexicanos. Por eso, Emilio Lozoya culpa a Luis Videgaray de que lo corrieran.

(Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Después de varios meses prófugo, el ex director de Pemex fue detenido el pasado 12 de febrero en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel del gobierno de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el pasado 17 de julio, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su llegada ocurrió en medio de un show en el que la Fiscalía usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal por una supuesta “anemia severa”.

Según versiones periodísticas, desde un principio, Lozoya ofreció al fiscal Alejandro Gertz Manero las cabezas de Peña Nieto y Luis Videgaray. En su “Declaración Nitrogenados” los acusó de ser los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo.

Además, ofreció unos presuntos videos en donde tendría grabados a políticos de alto nivel, principalmente legisladores de oposición, recibiendo sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética. Pero hasta el momento, ninguna de estas pruebas han sido presentadas por Lozoya.

La Fiscalía General de la República (FGR) utilizó un “doble” de Emilio Lozoya para despistar a la prensa y en lugar de llevarlo al Reclusorio Norte, fue trasladado a un hospital privado ubicado al sur de la CDMX. (foto: REUTERS/Luis Cortés)

Durante sus dos audiencias virtuales (la primera por la compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados y la segunda por el caso Odebrecht, ocurridas el 28 y 29 de julio, respectivamente) Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) aseguró no ser culpable de los delitos que se le imputan (lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho) ya que dijo, fue “intimidado, presionado influenciado e instrumentalizado” por personajes cuyos nombres dará a conocer.

Aunque ambos jueces radicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México lo vincularon a proceso, le fueron otorgados seis meses para que presente las pruebas que asegura tener sobre la corrupción de Peña Nieto y su gabinete. Mientras tanto, le fue retirado su pasaporte e identificación y tendrá que usar un brazalete electrónico para evitar que escape. Es decir, no pisó la cárcel y aunque el juez Artemio Zúñiga Mendoza, determinó que cada 15 días, Emilio Lozoya se presentara a firmar una constancia en la que acredite que está localizable en Ciudad de México, esto no ha sucedido.

Desde ese tiempo, Emilio Lozoya ha recibido el trato de testigo colaborador, por lo que ha podido presentar denuncias y rendir declaraciones, pero hasta el momento no se ha dado a conocer si goza o no del criterio de oportunidad que le permitirían concluir los procesos en su contra.

El periodo de seis meses que se otorgó para la presentación de pruebas está a punto de llegar a su fin el próximo 30 de enero, sin que la FGR tenga un proceso penal o haya obtenido una orden de aprehensión en contra de alguno de los exfuncionarios de mayor jerarquía que Lozoya revelaría, con la intención de ser perdonado.

De acuerdo con información del portal Animal Político, la FGR acusará a varios ex funcionarios públicos de tener probable responsabilidad en actos de corrupción y lavado de dinero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero estaría contemplando suspender el proceso contra Emilio Lozoya antes del 7 de marzo.

Por lo pronto, este jueves 21 de enero, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) dio un plazo final de cinco días hábiles que comienzan a partir de hoy, para que la FGR abra la carpeta de investigación del caso Odebrecht, elabore una versión pública y entregue los datos. En caso de no hacerlo, procederá con multas e incluso denuncias contra los funcionarios responsables.

Durante tres años, la FGR había promovido diversas demandas de amparo con las que obtuvo suspensiones provisionales para no abrir el expediente, como lo había determinado el INAI en dos resoluciones de 2018.