La Redim condena la revictimización de niñas baleadas en Nuevo Laredo y exige castigo

*El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García…

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, repudió el tratamiento que la Marina dio al caso de una familia presuntamente agredida por sus elementos el domingo 25 en Tamaulipas, acción que provocó la muerte de Nallely Ruiz y sus dos hijas de 6 y 4 años, Chelsea y Kenia, y dejó gravemente lesionado al padre de ambas, Efraín Rojas.

En un comunicado, el titular de la Redim retomó las declaraciones del abogado Juan Velázquez, supuesto asesor de la Semar, quien negó en entrevistas a medios nacionales que los proyectiles que acabaron con la vida de las tres víctimas hayan sido disparados desde un helicóptero de la institución.

No sólo eso, también acusó que, “para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas, ello se ha vuelto un negocio por la indemnización”, postura que, consideró Pérez García, “revictimizó a las niñas y familia” afectadas.

“Expresamos nuestro enérgico rechazo a estas declaraciones absurdas, que sólo muestran el patrón de violación a los derechos humanos de las víctimas fatales de actos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y las policías estatales, quienes suelen alterar las escenas del crimen, responsabilizar a las víctimas y vincularles con grupos criminales como una forma de evitar la investigación de sus actos delictivos y el uso de recursos públicos en contra de las víctimas”, sentenció el director de la Redim.

Tras lamentar que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca no haya salido en defensa de las menores víctimas siendo presidente del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas, puntualizó que, de acuerdo con datos oficiales, “cada día en México son asesinados tres niños, niñas y adolescentes”.

Peor aún, según datos presentados por la sociedad civil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se consumaron cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes, de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de fuerzas de seguridad.

Pérez García resaltó que, hasta ahora, el gobierno mexicano ha desoído las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU de cambiar la estrategia belicista de seguridad, toda vez que, desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha, al menos “234 mil personas fueron asesinadas en la lucha contra el crimen organizado, más de 30 mil personas desaparecidas, de las cuales entre 20 y 25% son niños, niñas y adolescentes”.

La Redim exigió que la investigación sea atraída por la PGR y por la CNDH de manera efectiva, “evitando que el tema sea llevado a tribunales militares que garantizan la impunidad”, como ocurrió con el caso de las muertes de los niños Bryan y Martín Almanza, atacados junto con su familia por tropas del Ejército en abril de 2010.

“Exigimos una investigación profunda e imparcial sobre el asesinato de las niñas y su madre en los hechos antes señalados; deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos humanos; castigando a todos los responsables de los mismos, y que todo se realice desde tribunales civiles”, además de que la familia sea indemnizada “y se brinden los servicios médicos disponibles y rehabilitación de calidad y de forma gratuita para las niñas sobrevivientes”, consideró Pérez García.

El director de la Redim reiteró el rechazo de la organización a la Ley de Seguridad Interior (LSI), toda vez que “este tipo de casos quedará en la impunidad”, sin contar con que hay datos suficientes que prueban “cómo ha fallado la estrategia de lucha contra el crimen organizado, lo que ha provocado el incremento explosivo de los indicadores de homicidios, desaparición y delitos del fuero federal”.

Al exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que declare inconstitucional esa ley, Pérez García puntualizó que “sacar al Ejército a las calles con la LSI para asumir tareas de seguridad pública en apoyo y, en la mayoría de los casos, sustituyendo a las autoridades civiles, se ha contribuido a la fragilidad institucional del Estado mexicano”.