La autoridad indicó que dicha medida no afecta la existencia del programa “La Escuela es nuestra”, el cual fue instaurado por la presente administración federal
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La jueza Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elízabeth Medina Alcántara, ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) restaurar por tiempo indefinido el programa Escuelas de Tiempo Completo, tal como operaba antes de la suspensión.
Asimismo, en la medida se prevé que las autoridades educativas tengan que realizar los ajustes presupuestales necesarios para que que siga la misma operación que tenía antes de que se eliminara el programa.
“Se deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”, explicó la autoridad.
Aunado a lo anterior, la jueza solicitó que, en caso de que exista alguna imposibilidad para que se aplique lo anterior, se deberán de adoptar las medidas conducentes para que, con la aplicación Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, se contemplen los mismos derechos y beneficios.
Padres de familia protestaron contra la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo (Foto: Twitter/@NancyAv43826111)Medina Alcántara también puntualizó que la medida no impide que siga desarrollándose el programa La Escuela es Nuestra, mismo que fue instaurado por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que sentenció que las autoridades correspondientes pueden establecer nuevas reglas de operación y normas de fiscalización para que ambos programas subsistan.
En la resolución también se estableció que la eliminación del presupuesto para las Escuelas de Tiempo de Completo no fue un daño irreparable que impida la concesión de la suspensión definitiva debido a que el dinero no dejó de existir, solo se destinó a otro rubro.
“La ausencia de presupuesto por conclusión del ejercicio fiscal no pueda determinar la improcedencia de la suspensión porque no hay evidencia de inexistencia presupuestal que, en todo caso, impida hacer los ajustes respectivos para cumplir con las medidas”
La decisión fue resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, filial de la organización Mexicanos Primeros, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados; la suspensión fue concedida el pasado 7 de septiembre y notificada un día después, por lo que la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrían impugnar la resolución.
Las Escuelas de Tiempo Completo fueron eliminadas oficialmente el pasado 1° de marzo (Foto: María José Martínez/Cuartoscuro.com)Fue el pasado 1° cuando, a través del Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer las reglas de operación de La Escuela es Nuestra, entre ellas destaca la desaparición de las escuelas de tiempo completo.
Según el ACUERDO NÚMERO 05/02/22 la Secretaría de Educación Pública eliminó definitivamente las Escuelas de Tiempo Completo de sus reglas de operación, no así los beneficios de estos planteles de tiempo extendido, que se verán sometidas a las nuevas normas de funcionamiento.
La resolución se dio pese a la existencia de un amparo que ordenaba garantizar recursos para el programa, mismo que se dio en septiembre de 2021, luego de que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo en el que ordenó al presidente, a los legisladores y a la SEP garantizar los recursos necesarios para las escuelas beneficiarias del programa La Escuela es Nuestra.
Ante esta situación la organización Mexicanos Primero denunció que “a 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes les arrebató alimentación caliente, la nutrición más importante de cada día, y a las maestras, maestros y directivos que forman parte de estas escuelas les quitó parte de sus ingresos”.
Asimismo, la organización aseguró que la eliminación de la escuela de tiempo completo del Programa “La Escuela es Nuestra” significa “un robo para maestras, maestros y directivos, y muestra un desprecio generalizado a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un agravio, el desacato a una sentencia judicial y una medida regresiva en derechos humanos.”
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