CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias por 2 mil 323 millones de pesos, 300.7 millones de dólares y 5.6 mil euros, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020.
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En el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF precisó que los recursos involucran a cuatro mil 692 personas de forma directa, así como a terceros relacionados.
En el periodo de tiempo señalado se presentaron 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 103 sujetos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que representa un incremento de 14.1% respecto del mismo periodo del año anterior.
Sobre los amparos promovidos por las acciones que emprendió la UIF, ascendieron a 866, cifra 72.4% mayor de acuerdo con lo observado entre septiembre de 2018 y junio de 2019, como resultado del incremento en el derecho de audiencia por la creación de un área que atiende exclusivamente esta tarea.
Según la institución encabezada por Santiago Nieto, se recibieron 8.2 millones de reportes del sector financiero, mismos que permitieron analizar, detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En cuanto al cumplimiento de los avisos de los sujetos obligados por realizar actividades vulnerables, como lo señala la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se recibieron y analizaron 4.6 millones.
Y en materia de coordinación institucional se llevaron a cabo 17 reuniones donde participaron la Guardia Nacional, la FGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la UIF, para coordinar el seguimiento de las investigaciones relacionadas con delitos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por último, la UIF anunció que se iniciaron los trabajos para impulsar la creación de la Guardia Financiera, con lo que se privilegiarán las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y, por ende, su capacidad operativa.
El proyecto está diseñado para consolidarse en cuatro años y actualmente se trabaja en el marco normativo que permita iniciar su operación.
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