*El costo de los comicios se elevó, pero no se erradicó el clientelismo en los estados, dicen especialistas…
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CIUDAD DE MÉXICO.
A cinco años de la entrada en vigor de la Reforma Electoral 2014, la autoridad comicial aumentó su presupuesto, su plantilla laboral por honorarios mantuvo el mismo costo de la organización de las elecciones, pero no se han eliminado las presiones de los gobiernos en turno a los institutos locales electorales, además de que la Cámara de Diputados ha incumplido con su compromiso de reglamentar el artículo 134. (30 de abril 2014).
Y es que la reforma pretendía abaratar los costos de las elecciones e impedir que los gobernadores tuvieran injerencia en los institutos electorales locales, para lo cual se le dio la facultad al INE de nombrar a los siete consejeros de cada Órgano Público Local Electorales e instalar las casillas tanto en elecciones locales como federales.
Las 73 nuevas facultades que la reforma le confirió al IFE, que cambió a Instituto Nacional Electoral, significaron un incremento de dos mil 166 millones de pesos en el presupuesto base del INE, al pasar de cinco mil 722 millones a siete mil 888 millones de pesos, de 2012 a 2015, y un aumento en la plantilla laboral de seis mil 319 trabajadores por honorarios, pues en las presidenciales de hace seis años se ocuparon 92 mil 439 trabajadores por honorarios y en 2015, 98 mil 758.
Lo que creció marginalmente fue el dinero para la organización de los comicios, ya que en 2012 se gastaron cuatro mil 163 millones (elección presidencial y Congreso), mientras que, tres años después, el presupuesto sólo para las elecciones 2015 fue de cuatro mil 196 (elección intermedia, diputados y 17 procesos locales).
“Creo que, desde esta perspectiva, no cumplió la reforma con estos dos objetivos, el costo de las elecciones se elevó de manera significativa y en el caso de los gobiernos de los estados, el proceso electoral mostró que las prácticas de clientelismo electoral y uso de programas sociales, de manera más velada, permaneció,” consideró Javier Santiago, académico de la UAM y exconsejero del instituto.
Autonomía
“Hay que decir que se ha cumplido parcialmente”, opinó Cesar Astudillo, académico de la UNAM, quien agregó que “la Reforma dejó una parte suelta que es donde ha venido otra vez la injerencia de los gobernadores, que no se ha ido. ¿Cuál ha sido esta?, no se garantizó la autonomía presupuestal… Con esto se dejó abierto ese flanco”.
Consideró que la injerencia es más sofisticada, porque ahora los enviados de los gobernadores cabildean con algunos consejeros del INE que “han sido porosos”, en algunos casos.
Ambos académicos coincidieron en señalar que la autonomía presupuestal de los Órganos Públicos Locales podría lograr menos injerencias de los gobernadores en los institutos locales, pero señalaron que desaparecer los OPLES para sólo contar con el INE para organizar comicios locales y federales, no necesariamente abarataría los costos.
Para elecciones más baratas, el exconsejero Javier Santiago se pronunció por utilizar la tecnología, “pero tiene que ser una modernización que dé certeza, porque ahora, con el mundo de los hackers, hay quienes piensan que el voto por internet es una alternativa, creo que tiene muchos riesgos, pero la urna electrónica es un mecanismo probado en el mundo que da garantías plenas”.
Cesar Astudillo, académico de la UNAM, apuntó que “tenemos la boleta electoral más cara del mundo… La urna electrónica abarataría muchísimo y hacia allá tenemos que ir. Pero todavía lo veo complicado, porque nuestro modelo electoral ha dado un negocio electoral paralelo que es muy amplio, quitar ese negocio va a ser muy difícil, es como el tema de la venta de la gasolina”.
EL CASO PUEBLA
Por primera vez en estos cinco años, el INE decidió utilizar su facultad de asunción total de elecciones para el caso de Puebla.
Cesar Astudillo opinó que “el problema es que se toma un argumento de todos los posibles, el jurídicamente más endeble, pero el políticamente más fuerte, el cual es: hay consenso entre los partidos, en todos, de que seamos nosotros.
“El peligro es que al rato también puede haber un consenso en cualquier otra cosa, eso me preocupa, y es otro golpe al federalismo”, dijo.
Javier Santiago consideró que “deja un mal sabor de boca la asunción de Puebla. La decisión fue unánime, pero me parece que abona la ruta de la centralización, que puede ser muy grave en el futuro porque el INE, con las características que tiene, no tiene capacidad de enfrentar todas las elecciones federales, locales y mecanismos de participación ciudadana que afrontan los institutos locales. Entonces, tendría que ser un monstruo burocrático impresionante”.
Consultas, otro pendiente de la enmienda
Al aplicar la reforma electoral 2014, el INE, por primera vez, designó a los consejeros de los institutos locales y removió consejos locales completos (caso Chiapas), asumió totalmente la elección en Puebla, y ha asumido parcialmente otros asuntos como la realización de los conteos rápidos para elecciones de gobernadores.
Además, aplicó la paridad de género en las candidaturas, lo que resultó en el primer Congreso paritario en nuestro país, el año pasado.
También, por primera vez, fiscalizó las cuentas de partidos y campañas locales; operó la casilla única y organizó elecciones internas en el PRD.
En estos cinco años, el INE construyó un procedimiento para gestionar las candidaturas independientes, primero para diputados federales, y luego para Presidente de la República, siendo 2018 el primer año en el que participaron en la boleta dos candidatos por la vía independiente.
En adición, tres partidos han perdido el registro por no lograr 3% o más de los votos válidos (Partido Humanista 2015, Nueva Alianza 2018, Encuentro Social 2018, aunque éste último aún no es confirmado por el Tribunal Electoral).
Todavía se utiliza la facultad de lNE para realizar consultas populares, delegar funciones a los OPLES, y por parte del Tribunal Electoral, anular elecciones locales de gobernador o Presidente por rebasar los topes de gasto, adquirir indebidamente tiempos en radio y televisión o recibir financiamiento ilícito.
En adición, será en 2021 cuando los actuales diputados federales podrán hacer uso de la figura de reelección, contenida en la reforma desde 2014, y en 2024 el Presidente Electo asumirá funciones a partir del 1 de octubre y no del 1 de diciembre como se acostumbró hasta el 1 de diciembre de 2018.
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