El informe está basado en datos sobre las políticas en materia de drogas y su aplicación. Además se compone de 75 indicadores que abarcan cinco dimensiones de la política en materia de drogas: justicia penal, respuestas extremas, salud y reducción de daños.
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GINEBRA. (apro).- México es uno de los cinco países que ocuparon los últimos lugares del primer Índice Global de Políticas sobre Drogas publicado hoy por el Consorcio para la Reducción de Daños, el cual observa que “sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas en el que resalta el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas militares o policiales, con casos generalizados en México y Brasil’’.
El Índice en su primera versión evaluó a treinta países con respecto a su política sobre drogas. En los primeros cinco lugares se encuentran Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Australia. Y en contraste, los últimos lugares los ocupan México, Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil.
“El bajo puntaje de México se puede resumir en una palabra: violencia’’, dijo a Proceso, Ann Fordham, Directora Ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Política de Drogas quien lideró la creación del índice.
“La violencia estatal sistémica está en el centro de la respuesta de México a las drogas provenientes de la militarización, el encarcelamiento masivo, decenas de miles de personas detenidas en centros privados de tratamiento de drogas y la terrible provisión de servicios de reducción de daños’’, consideró.
“El peso de las medidas violentas y represivas recae constantemente sobre las poblaciones marginadas: mujeres, personas de color, indígenas y pobres. Como resultado, México se ubica muy por debajo de la media en todas las dimensiones de equidad’’, remarcó la experta.
El índice revela que incluso los países que se encuentran en los primeros lugares del ranking no cumplen con las políticas en materia de drogas ni las recomendaciones más básicas del sistema de la ONU, por lo que hacen un llamado a los gobiernos para que den prioridad a la ejecución de reformas en esta materia.
“La realidad que surge del Índice es aleccionadora’’, comentó sobre el índice Helen Clark , presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas y ex primera ministra de Nueva Zelanda.
“Como era de esperar, ningún país ha obtenido la calificación máxima”, lamentó Clark quien explicó que de hecho, la puntuación máxima alcanzada este año en el Índice –asignada a Noruega— sólo llegaba a 74/100. Ello obedece a que, pese a los compromisos de los países por alinear del mejor modo las políticas sobre drogas con los derechos humanos, la salud y el desarrollo, el poder destructivo de la legislación punitiva y estigmatizadora sobre drogas continúa empobreciendo a comunidades que cultivan plantas empleadas para la producción de drogas ilegales, impide que las personas que consumen drogas tengan acceso a servicios de reducción de daños que salvan vidas, e impulsa un sinnúmero de actos de brutalidad policial, privación arbitraria de la libertad, tortura y ejecuciones.
El Índice Global de Políticas sobre Drogas es el primer análisis mundial basado en datos sobre las políticas en materia de drogas y su aplicación. Se compone de 75 indicadores que abarcan cinco amplias dimensiones de la política en materia de drogas: justicia penal, respuestas extremas, salud y reducción de daños, acceso a medicamentos fiscalizados internacionalmente y desarrollo.
A través de este prisma, esta herramienta única documenta, mide y compara las políticas nacionales en materia de drogas, atribuyendo a cada país un puntaje que muestra en qué medida sus políticas y su aplicación se ajustan a los principios de derechos humanos, salud y desarrollo de la ONU.
El impacto desproporcionado del control de las drogas sobre las personas marginadas en función del género, la etnicidad y la situación socioeconómica aparece en cierta medida en todas las dimensiones y en todos los países.
El uso de formas extremas de poder estatal que violan los derechos de las personas constituye una parte integral de la respuesta hacia las drogas por parte de muchos Estados, indica el documento.
Ello incluye la imposición de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas reportada en 3 países: India, Indonesia y Tailandia, asesinatos extrajudiciales percibidos como “frecuentes” en 6 países, como “difundidos” en México, y como “endémicos” en Brasil, y la aplicación militarizada de las leyes sobre drogas reportada como “prevalente” en al menos 14 países, incluyendo a México.
La aplicación de la ley en materia de drogas se centra en los delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias de drogas: solo 8 de los 30 países encuestados han descriminalizado el consumo y la posesión de drogas, y de ellos, solo 3 consiguieron desviar a los ciudadanos del sistema de justicia penal.
El déficit de financiación para la reducción de daños sigue siendo muy preocupante: solo 5 de los 30 países han asignado una financiación “adecuada” a la reducción de daños, y de esos países, solo es considerada como segura en Noruega.
Existe una enorme brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos bajo fiscalización, “especialmente en países como India, Indonesia, México y Senegal, que obtienen una alta puntuación en cuanto a las políticas, pero una puntuación de 0/100 en cuanto a la disponibilidad real’’.
Los programas de desarrollo alternativo en zonas de cultivo ilegal siguen atrincherados en la prohibición y la erradicación, y Colombia obtiene una puntuación especialmente baja (23/100) debido a su estrategia militarizada centrada en la erradicación forzosa y el uso nocivo de la fumigación aérea.
“El Índice global de políticas de drogas es nada menos que una innovación radical”, remarcó Clark en rueda de prensa al presentar el índice de la Comisión Global de Políticas de Drogas.
“Para actores de gobierno que desean comprender las consecuencias del control de las drogas, así como para los que pretenden que los gobiernos rindan cuentas, el Índice arroja luz sobre aspectos críticos de las políticas en materia de drogas que se han descuidado históricamente, como los impactos diferenciados de la aplicación de la ley sobre drogas en grupos étnicos específicos, pueblos indígenas, mujeres y los miembros más pobres de la sociedad.”, consideró Clark.
“Lo que se desprende de los resultados es que ningún gobierno puede mostrarse satisfecho”, dijo a su vez Julita Lemgruber, ex directora del sistema penitenciario estatal de Río de Janeiro.
“Incluso en los países de más alto nivel, es necesario avanzar. Los gobiernos de todo el mundo deben abandonar la idea de las políticas de drogas como instrumentos de “guerra” y entenderlas como medios para promover los derechos humanos y la ciudadanía”, remató.
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