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Ciudad de México. De 14 ambientalistas asesinados en 2018, once fueron indígenas. En México más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos y comunidades indígenas a través de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios.
Esto señalaron la Red Mocaf, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Rita y Maíz en conferencia de prensa en relación con el informe que divulgó ayer Global Witness en el que refiere que México está entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y señala a América Latina como la región con una mayor problemática, esto porque de los diez países con mayor criminalización, cinco corresponden a esta región.
En conferencia de prensa señalaron que una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región, lo cual se traduce en muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos de la criminalización sin que existan políticas y mecanismos gubernamentales efectivos para prevenirla o enfrentarla.
En el reporte 2018 (con datos a 2017) México ocupó el cuarto lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y del medio ambiente con 15 asesinatos y en el reporte 2019 (con datos de 2018) se ubica en el sexto lugar con 14 víctimas.
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