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Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados pretende aprobar, el jueves, en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma para que el Congreso legisle en materia de seguridad cibernética y en las consideraciones del dictamen propone que se considere como un ataque de seguridad nacional la difusión de noticias falsas contra el gobierno.
Además, este martes, Morena presentó una iniciativa para que “las empresas digitales no tomen decisiones que influyan en quién tiene la capacidad de hablar o comerciar” en las redes sociales, “así como el contenido que se puede compartir en su plataforma”.
Esto es, explica en su iniciativa el diputado Javier Hidalgo, que las empresas no actúen “como sucedió con la suspensión de cuentas de redes sociales del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a principios del año 2021”.
La Comisión de Puntos Constitucionales fue citada para discutir un dictamen de reforma al artículo 73 de la Constitución, para agregar entre las facultades del Congreso legislar en materia de seguridad cibernética y, en las consideraciones, del proyecto que ya fue circulado a los diputados, se resalta que además de los ataques para cometer fraudes, robo de identidad o de información al gobierno y acoso sexual, debe considerarse también como un asunto de seguridad nacional las campañas de desinformación en línea o “fake news”.
El documento prevé: “Igualmente, considerando el impacto de las redes sociales, así como que se convirtieron en el medio masivo de información, los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de internet o ciberbullying”.
En las consideraciones de la comisión, que preside Aleida Alavez Ruiz (Morena), se plantea que “también es un riesgo conocido la existencia de individuos que se dedican a lanzar ataques, muchas veces patrocinados por terceros, circunstancia que politiza la situación, o igualmente delicado, cuando los grupos que lanzan ciberataques son grupos que pertenecen al crimen organizado o incluso forman parte del ciberespionaje, siendo claro que la atención del tema de ciberseguridad resulta apremiante”.
Además señala: “el gobierno debe velar y en todo momento salvaguardar toda la información relacionada con los ciudadanos como su identificación, información tributaria, electoral, sobre su educación y salud, por mencionar algunas, frente a ataques cibernéticos para garantizar su seguridad y minimizar sus repercusiones, así como para mantener la gobernabilidad y confianza en la gestión de procesos, máxime cuando suele ser víctima de campañas de desinformación en línea (fake news)”.
Argumenta que no solo el gobierno federal es susceptible a este tipo de campañas, sino también la iniciativa privada, que además de los ataques a sus sistemas, “también suelen ser víctimas de fake news; encontrándose en una situación de vulnerabilidad constante, porque no existen lineamientos determinados en materia de ciberseguridad”.
Incluso resalta que la necesidad y urgencia de legislar en materia de ciberseguridad es mayor “cuando nos referimos al sector social, que es claramente el más vulnerable, toda vez que los integrantes de la sociedad no cuentan con expertos que identifiquen o defiendan de la infinidad de riesgos que pueden presentarse”.
Y añade: “No solo se considera que la población en general es vulnerable por las fake news, que pueden incidir o permear su opinión, y que no es un tema menor, porque últimamente es una constante el crecimiento de rumores en redes sociales a efecto de distorsionar la realidad sobre temas críticos; sino que hay temas delicados de los que suelen ser víctimas como las extorsiones, el ciberacoso (ciberbullying), el robo de identidad para la comisión de delitos o incluso espionaje o intimidación”.
Mientras, en su iniciativa, Javier Hidalgo plantea aprobar una Ley Federal de Protección al Usuario Digital, así como reformar las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Federal de Protección al Consumidor.
El objetivo, arguye, es “clarificar jurídicamente cómo deben entenderse la libertad de expresión, la protección de los datos personales, el impulso a la innovación y emprendimiento; así como los derechos que tienen los usuarios al hacer uso de servicios y contenidos digitales”.
Esto es, explica, que las plataformas de Internet no impongan sus propias normas sobre las expresiones y actuaciones permitidas en las redes.
Javier Hidalgo afirma que se busca proteger los derechos de los usuarios digitales en México a la libertad de expresión e información, así como a conocer los argumentos y la lógica por las que las empresas digitales toman sus decisiones.
Para ello “se deben contemplar mecanismos jurídicos para normar la reparación del daño, según su grado de responsabilidad, por alguna decisión que se considere atente cualquier derecho”.
En ese sentido, propone que se consideren como derechos del usuario de redes la no discriminación en el acceso a los servicios digitales y a “la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables”.
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