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Ciudad de México. Casi en el límite del horario legal, anoche el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se disponía a aprobar alrdedor de 8 mil 500 candidaturas a diputados federales de los 10 partidos políticos y las dos coaliciones registradas –Juntos Haremos Historia y Va por México–. Al cierre de la edición, aún no se iniciaba la sesión, dado que la revisión de los requisitos de las candidaturas por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se prolongó más allá de lo previsto.
Al iniciar el debate sobre el dictamen, el consejero presidente, Lorenzo Córdova habló de que el periodo de campañas electorales arranca en un contexto en el que el INE “está sujeto a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar, nadie puede pedirle al instituto que no aplique la legislación vigente”. Subrayó que el INE seguirá siendo un árbitro vigilante que “sin protagonismos ni estridencias retóricas sacará las tarjetas” cuando haya violaciones a la legalidad.
“El INE no puede ser un árbitro silente, está obligado a explicar cada una de sus decisiones”, alertó Córdova, quien censuró que una vez más haya fuerzas políticas que opten por presionar al árbitro para evitar que se les sancione porque han violado la ley.
El funcionario aseveró que “el INE no está en contra de nadie, ni de ninguna fuerza política, está en contra de quien viole la ley; no es la primera vez que se le descalifica por algunos de los actores políticos.
El plazo para aprobar las candidaturas vencía este sábado a la medianoche a efecto de que, a partir de las cero horas, arrancaran las campañas electorales para diputados federales y, en paralelo, las contiendas para 10 gubernaturas (en cinco estados las campañas comenzaron hace un mes) y las de diputados locales y alcaldías.
Por la tarde, en una sesión previa el INE estableció que durante el tiempo que dure el proselitismo federal, desde el 4 de abril y hasta el 2 de junio, los gobiernos estatales, municipales y el federal deberán abstenerse de emitir propaganda gubernamental que incluya frases, imágenes, símbolos y voces que la conviertan en propaganda partidista o personalizada de algún servidor público.
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