ONU, ONG y universidades reclaman que la Fiscalía no haya protegido a la buscadora asesinada Esmeralda Gallardo

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instituciones académicas y organizaciones civiles condenaron el asesinato y reclamaron al gobierno de Puebla no haberle brindado protección pese al evidente riesgo que corría.

proceso.com.mx

PUEBLA, Pue. (apro).- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como instituciones académicas y organizaciones civiles, condenaron el asesinato de Esmeralda Gallardo, madre que buscaba a su hija Betzabé, a la vez que reclamaron al gobierno de Puebla no haberle brindado protección pese al evidente riesgo que corría.

En un comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH, refiere que la madre buscadora había proporcionado en distintas ocasiones información relevante a las autoridades acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito y en la búsqueda.

“A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, la señora Gallardo no contaba con medidas de protección”, menciona.

Agrega que este caso, prácticamente a un mes del asesinato de Rosario Lilián, representa un nuevo recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchos familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia.

“Es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana, que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos”, señala Fernández-Maldonado.

En el mismo sentido, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Ernesto Patrón, refirió que Gallardo, quien fue asesinada a balazos la madrugada del 4 de octubre en un parada del camión cercana a su casa, había recibido previamente amenazas “debido a la filtración de información personal en medios de comunicación, por lo que había solicitado medidas de protección a las autoridades, las cuales no fueron otorgadas”.

En un boletín, el rector de la Ibero Puebla, universidad que ha trabajado de la mano con colectivos que buscan a sus seres queridos en Puebla, demandó investigar con inmediatez y con perspectiva de género el asesinato de Gallardo, considerando como principal línea su actividad como madre buscadora y a la vez reclamó que se brinde protección urgente a sus familiares.

También, dijo en su escrito que es necesario proporcionar protección a los integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, del cual Gallardo formaba parte, así como a todas las personas que buscan a sus familiares.

“Ante el contexto de violencia e impunidad que se vive en el estado de Puebla, agravado por las más de 2 mil 300 personas desaparecidas en la entidad y el creciente riesgo en la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional, considerando que al menos 16 familiares han sido asesinados, el asesinato de Esmeralda evidencia la falta de adopción de medidas pertinentes par proteger a los familiares en búsqueda”, denunció Patrón.

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Octavio Mercado González y el coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, Edgar Chávez Hernández, igual emitieron una condena por el feminicidio de Gallardo y reclamaron al gobierno de Puebla y al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras en el país y en especial en esta entidad.

“…no podemos tolerar como sociedad esta brutalidad y simplemente doblarnos de brazos”, manifestaron en un comunicado que es firmado también por organizaciones nacionales e internacionales.

“Como universidad nos sentimos también vulnerados y ofendidos ante la pasividad e indolencia de las autoridades que pudiendo hacer un cambio de viraje y proteger a estas familias, no lo han hecho y las abandonan a su suerte frente a la criminalidad que no tiene límites de asesinar a una madre que busca a su hija”, agregaron.

La UAM, así como las agrupaciones firmantes, demandaron que todo riesgo y amenaza sea tomado con la seriedad y responsabilidad que corresponde por parte de la autoridad y gobierno.

Entre otras, firman este comunicado organizaciones como Grupo VI.D.A Laguna A.C.; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM; Colectivo Familiares en Búsqueda de Veracruz; Colectivo Regresando a Casa; el Consejo Ciudadano de Búsqueda, Baja California Sur; la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH) y Amor por los Desaparecidos Tamaulipas.

Igual suscriben activistas y agrupaciones de Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina y España.

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