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Ciudad de México. Además de los 6 mil 609 millones de pesos que recibirán – en conjunto- como financiamiento público, los siete partidos políticos nacionales podrán sumar para su causa, dinero de otras fuentes privadas, incluido de sus candidatos.
El año entrante, los partidos podrán captar 175 millones de pesos, cada uno, pues las aportaciones de militantes serán de 132.1 millones, y las de candidatos y simpatizantes hasta 42.9 millones.
Cada una de las donaciones, voluntarias y personales de los simpatizantes, no podrá rebasar los 2.1 millones (en dinero y en especie).
Las donadoras deberán ser personas físicas residentes en México.
Los partidos podrán agrandar también sus cuentas por la vía del autofinanciamiento, y por las operaciones derivadas de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
La suma del financiamiento privado, en todas sus modalidades, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y específicas.
Así lo establece el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado ayer, durante la sesión en la que consejeros pidieron a los partidos evitar la recepción de dinero ilícito.
Norma de la Cruz, dijo que los partidos deben evitar la entrada de aportaciones o donaciones de dinero o en especie ilegales, por ejemplo, procedentes de recursos públicos ni de entes extranjeras, y transparentar cada operación.
“A nadie conviene que dinero ilícito entre a las campañas electorales, pues la licitud de los recursos privados garantiza que el compromiso sea con la ciudadanía”, señaló.
En otro tema, también resuelto en la sesión de consejo general, fue aprobado el aumento de 40 a 50 por ciento del financiamiento y los tiempos del Estado en radio y televisión a fin de que los partidos – tanto nacionales y, en su caso, locales- atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La resolución significa que no podrá otorgarse a las mujeres una cantidad menor del 50 por ciento del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para actividades de campaña. El mismo porcentaje se aplicará para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral.
Igualmente el objetivo es evitar las prácticas discriminatorias que genera desventajas a las candidatas, al darles menos tiempo de exposición en medios durante las campañas.
Derivado de este cambio, en las elecciones de ayuntamientos o alcaldías y diputaciones locales o federales, en candidaturas con topes de gastos iguales, el financiamiento público destinado a las candidatas no podrá ser menor a 50 por ciento de los recursos totales ejercidos en las candidaturas equiparables.
Esta paridad aplica también para los promocionales de candidatos a un cargo legislativo, ya sea local o federal.
Por otro lado, representantes partidistas de Morena y del PRD protagonizaron un escaramuza frente a la difusión de encuestas; la oposición pidió revisión de las metodologías, al señalar que estas son utilizadas veladamente como propaganda.
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