Perdidos, 15 años en la lucha contra la pobreza: Cepal

La crisis no va a durar poco, advierte Alicia Bárcena

jornada.com.mx

México y América Latina encaran una década perdida en economía y desarrollo social. La previsión, con la información disponible hasta ahora sobre el efecto económico de las medidas para enfrentar la pandemia, permite anticipar que el producto interno bruto (PIB) por habitante se reducirá en 2020 al nivel que tuvo en 2010, y será más profundo el rebote en la reducción de la pobreza: la actual crisis provocará un retroceso de 15 años en los avances que se habían dado en este campo, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Latinoamérica, dijo, se enfrenta a la mayor recesión en 100 años.

Dicho escenario exhibe que esta crisis no va a durar poco, viene de una pandemia muy fuerte y severa, por lo que será necesario mantener e incrementar las medidas fiscales y monetarias con apego a la estabilidad macroeconómica, destacar el papel del Estado en esta política de expansión y evitar las medidas de austeridad, señaló en videoconferencia de prensa.

Tal es el aumento en los niveles de pobreza en la región, que este año en México –el segundo país más poblado de Latinoamérica– pasará de afectar a 41.9 por ciento de la población a 49.5 por ciento, esto es, de 53.6 a 63.3 millones de personas; mientras la pobreza extrema –que advierte el riesgo de menor acceso a alimentos– aquejará a entre 11.1 y 17.4 por ciento, que significa un crecimiento de 14 a 22 millones de personas. Ambas estimaciones se encuentran ligeramente por debajo de las hechas la semana pasada en un informe de Naciones Unidas.

Si bien no dio números enteros para el país, la Cepal exhibió que en América Latina aumentará a 230 millones el número de pobres, 96 millones el de pobres extremos y habrá 44 millones en el desempleo. En suma, como resultado de la crisis, habrá una movilidad económica descendente para 491 millones de personas –ocho de cada 10 en la región– que necesitarán apoyos fiscales y de protección social.

México resentirá una contracción de 9 por ciento en el PIB de este año, de acuerdo con el quinto Informe especial Covid-19 de la Cepal, presentado este miércoles. Tendrá la duodécima caída más profunda de América Latina, donde prácticamente todos los países decrecerán y como saldo la región lo hará en 9.1 por ciento. Así se asume la recesión más aguda en 100 años. Guyana desentona con un crecimiento estimado en 44.3 por ciento dado el auge petrolero.

Bárcena recalcó que esta crisis no será corta, es profunda y estructural; por tanto, se necesitan reforzar y ampliar las políticas fiscales y monetarias expansivas que se han realizado de emergencia para paliar la crisis. Reiteró el llamado para que los apoyos multilaterales provistos a economías de ingresos bajos también se den en América Latina.

Estamos ante una década perdida, asentó Bárcena, por lo que es prioridad mantener una política expansiva que se sostenga en el tiempo e identificar el papel medular del Estado en ella. También para impulsar la reactivación económica no va a ser posible con medidas de austeridad (…) los gastos de emergencia y los gastos de la reactivación son complementarios y no sustitutos, añadió.

Bárcena destacó que –pese a que los estudios de la Cepal reportan que el gasto fiscal de Méxio es de 1.1 por ciento del PIB, uno de los más bajos de la región– los programas puestos en marcha en la administración actual están subvaluados, porque al iniciar por la población más vulnerable se promueve un acuerdo estructural más allá de la coyuntura.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que intenta hacer es reconstruir y construir un régimen de bienestar, precisó Bárcena, aunque sí expuso que es necesario ampliar los apoyos a las personas de ingresos medios. Se prevé que la desigualdad en el país se incremente entre 5 y 5.9 por ciento.

Sin embargo, el problema también es un espacio fiscal parco. Cubrir a la población en pobreza extrema con un ingreso básico universal de emergencia –transferencia de una línea de bienestar mínima– requiere 2.2 por ciento del PIB, llevarlo a toda la población en pobreza excede 10 por ciento.

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