El pasado 24 de agosto, la Fiscalía solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que 31 científicos, académicos y exfuncionarios del Consejo puedan ser detenidos.
En esa primera solicitud, la FGR señala a cuatro por el delito de peculado, que tiene una pena de 2 a 14 años de prisión; a los 31 les imputa delincuencia organizada, cuya pena va de los 20 a los 40 años; 29 son señalados por uso ilícito de atribuciones y facultades, con pena de seis meses a 12 años de cárcel, y a cinco les atribuye operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito sancionado con hasta 15 años de cárcel.
“En relación con Enrique Cabrero Mendoza y Julia Tagüeña Parga también se actualiza la agravante contemplada en el artículo 5, fracción I de la ley de la materia, incrementando la pena hasta en una mitad por haber cometido el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada teniendo el carácter de servidores públicos”, solicitó la FGR.
Esto significa que Cabrero, exdirector de Conacyt y Tagüeña Parga, excoordinadora del Foro Consultivo Científico alcanzarían penas máximas de más de 100 años, en caso de ser culpables.
De acuerdo con el documento, la FGR busca que los científicos y académicos lleven su proceso penal en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, pues este centro tiene las características necesarias para que cumplan la prisión preventiva oficiosa que prevé el delito de delincuencia organizada.
En el caso de las mujeres, la Fiscalía General solicitó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 femenil de Morelos.