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Ciudad de México. Para combatir actos de corrupción en los registros Civil y de la Propiedad y el Comercio, así como en los juzgados cívicos, se realizaron rotaciones de jueces y de personal, se han simplificado y agilizado trámites y se utilizan medios tecnológicos y mecanismos de transparencia e información proactiva.
El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Héctor Villegas Sandoval, informó al comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México que en el caso de justicia cívica se cambió el modelo de arrestos o multas, por uno que da prioridad a la mediación pacífica de conflictos, dado que muchos casos son entre vecinos o parientes, además de que se detectó que sólo se atendía 70 por ciento de zonas y se estaba en 40 por ciento abajo en efectividad.
Con la contratación de 50 jueces, 50 secretarios y 108 auxiliares se incrementó de 50 a 70 el número de juzgados, se establecieron cinco centros de justicia para mujeres y se crearon10 juzgados itinerantes con los que se cubre 100 por ciento de las zonas.
Refirió que como parte de la reforma a la Ley de Justicia Cívica que aprobó el Congreso de la ciudad, la opción de que en vez de que los infractores paguen la multa o estén en arresto, realicen trabajo comunitario “ha tenido una respuesta muy favorable” y se han focalizado a realizar labores en biciestacionamientos, metrobús, tequios ciudadanos, remoción del chicles en el Centro Histórico y al proyecto de lectura en voz alta LEAN-UNAM.
En su comparecencia ante diputados que integran las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y Registral y Notarial, Villegas informó que en lo que va de esta administración se han realizado asesorías y juicios con los que se han emitido 2 mil 550 certificados y 803 inscripciones registrales, sin costo alguno, para personas afectadas por el sismo de 2017.
Denunció ante los legisladores que en la pasada administración hizo un uso político de los programas de regularización y testamentarios, en los que sólo se entregaban los documentos de las personas a las que se convocaba en actos públicos.
Explicó que al llegar a la dependencia encontraron que alrededor de 60 por ciento de los títulos de propiedad y de testamentos que se tramitaron no se entregaron y estaban guardados en cajas, por lo que se debieron entregar casa por casa e inclusive había casos de personas a las que nunca se les entregó el testamento que ya había fallecido y ahora tan pronto se tiene el documento se entrega directamente a los domicilios o con ayuda de los notarios.
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