En un inmueble de la colonia El Gigante también se rescató a una de sus víctimas: un menor de 11 años de edad
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Una sentencia récord por el delito de pornografía infantil fue dictada este lunes: en contra de Marco Antonio González Ramírez, quien operaba desde Coacalco, en el Estado de México.
Fue localizado a través de un operativo coordinado entre el gobierno de Estados Unidos, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional (GN), y la fiscalía de la entidad federativa mexiquense.
El sujeto fue sentenciado a 82 años y seis meses de cárcel. Además, para las reparaciones del daño a favor de las víctimas tendrá que pagar una multa de 7 millones 794 mil 202.50 pesos.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y la división de la Sociedad Humana de los Estados Unidos alertaron a la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo cual dio inicio al caso.
Las dependencias informaron al gobierno mexicano sobre la pornografía infantil hallada en redes sociales: los metadatos revelaron que los contenidos ilícitos eran producidos en esa entidad federativa de la república.
La Dirección General Científica de la Guardia Nacional solicitó la colaboración de empresas como Facebook y Google y la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los EEUU, además de analizar las imágenes.
El culpable fue ubicado en un domicilio de la colonia Laurel, en el municipio de Coacalco, gracias a los datos aportados por las instituciones.
En un inmueble de la colonia El Gigante también se rescató a una de sus víctimas: un menor de 11 años de edad.
Un juez dictó la condena por el delito de trata de personas en las modalidades de pornografía infantil, la producción y el almacenamiento, y con el agravante de que González Ramírez tenía una relación cercana con una de sus víctimas.
En mayo, un hombre capturado en Tlaquepaque, Jalisco, en posesión de pornografía infantil, ya fue vinculado a proceso tras una indagatoria realizada por el Grupo de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas en España y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las averiguaciones descubrieron una red criminal que presuntamente opera en 25 países alrededor del mundo. De acuerdo con las pesquisas, los presuntos corruptores sexuales, a través de redes sociales, intercambiaban imágenes explícitas de menores de edad, por lo cual solicitaron la colaboración de la Interpol para promover operativos en distintas naciones, entre ellas México, y en países de Europa.
Identificado como Eduardo “E”, el imputado es el primer vinculado a proceso por este caso. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí concluyó que existen los elementos y las pruebas suficientes para acusarlo por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio a menores de edad.
El sujeto difundió videograbaciones donde participan personas menores de 18 años de edad en actos sexuales.
Los presuntos integrantes de la banda fueron ubicados en cinco estados de la república por las pesquisas y labores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Fue en diciembre del año 2019 que se obtuvieron las órdenes judiciales de cateo para distintos inmuebles en las entidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California, y el Estado de México.
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