CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado rechazó las reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República, conocidas como eliminación del fuero, porque no incluía a los diputados, ni a los senadores.
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Con 97 votos en contra, cuatro a favor y nueve abstenciones, los senadores y senadoras echaron para atrás los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos con los que se puede proceder penalmente contra el presidente como traición a la patria, corrupción y delitos electorales.
“Los diputados no quisieron estar en este enmarcado jurídico y de manera abusiva solo dejaron al presidente”, reclamó el senador de Morena Eduardo Ramírez.
“Hago un llamado a los diputados federales de Morena, enérgico, respetuoso, pero muy firme, para que no traicionen los principios del movimiento. No olvidemos lo que dijimos en la calle, que íbamos a quitarnos privilegios, no entiendo por qué dejaron solamente al presidente”, añadió.
Sin embargo, el senador Martí Batres, también de Morena, dijo que los diputados tienen razón porque la minuta que había enviado el Senado a San Lázaro limitaba los delitos por los que podrían ser juzgados los legisladores.
“No es cierto que la minuta que enviamos desde el Senado le haya quitado el fuero a los legisladores. No solo no se lo quitamos, sino que lo reforzamos. Porque la condición jurídica del presidente es diferente a la de los legisladores. El presidente no solo tiene fuero, tiene inmunidad”, dijo Batres.
“Para juzgar al presidente hay que quitarle el fuero, pero solo se le puede juzgar por un número reducido de delitos: traición a la patria y delitos graves del orden común, y nosotros le agregamos: corrupción y fraude electoral. Los legisladores pueden ser juzgados por cualquier delito y lo que hicimos con la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados fue reducir dramáticamente el número de delitos”, explicó.
El proyecto de decreto establece que el presidente, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y aquellos ilícitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.
El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados.
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