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El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Compañía de Jesús investigar el actuar de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) en el caso Ayotzinapa, pues el mandatario insistió en que esta organización defendió a la vez a los implicados en la desaparición de los 43 normalistas.
“Le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación”, señaló en la mañanera de este lunes mientras respondía a una pregunta sobre la reforma al Poder Judicial.
En especial se refirió a Mario Patrón, que fue director del Centro Prodh y hoy es rector de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, quien al frente del organismo de derechos humanos fue crítico de la actuación de las autoridades ante los crímenes contra los normalistas suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era el del Pro entonces y ahora es rector de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas, él no es jesuita, es abogado, pero necesito que me den una explicación a esto”.
-¿Se habría incurrido en algún delito al representar a las dos partes? -se le preguntó.
-Sí, pero este es un asunto no jurídico, sino moral, básicamente. ¿Cómo es posible que se haga esto? -respondió el jefe del Ejecutivo.
Detrás de todo esto, acusó, estuvo el hoy senador opositor Emilio Álvarez Icaza, quien fue “presidente (sic)” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la que fue secretario ejecutivo el hoy legislador), “que es de la OEA, que tiene intereses también muy vinculados a grupos de poder hegemónico de carácter internacional, que no nos ven a nosotros con buenos ojos”.
El jefe del Ejecutivo insistió en que los defensores del Centro Prodh “promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no todos, pero sí algunos que había participado en la desaparición de los jóvenes, alegando que habían sido torturados, y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no.
“Y resulta que de repente unos magistrados le dan al ministerio público diez días de plazo para que demuestre con el protocolo de Estambul que habían sido torturados, porque si no lo demostraba, transcurrido el plazo de diez días quedaban en libertad. Y como no pudieron demostrar, porque nadie quiso hacer los estudios, y era desde luego un plan con maña, dejaron libres a 60 involucrados. Y todavía el Pro lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica”.
Sin embargo, acotó el tabasqueño, posteriormente se demostró “que a los que habían dejado en libertad argumentando que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes, y hay pruebas. Pero los del Pro y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes”.
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