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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) concentra el 40 por ciento de las investigaciones por delitos electorales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte más reciente de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), que abarca todo el 2019, políticos y militantes priistas encabezan la lista de carpetas de investigación que siguen abiertas, principalmente por el delito electoral de alterar el registro federal de electores, el cual abarca desde robos de identidad, clonación de credenciales para votar, hasta el conocido como turismo electoral, mediante el cual se cambia de domicilio en la credencial del INE para poder votar en otros estados que no es el suyo.
Entre los casos que investiga la FGR está un supuesto pago del PRI para financiar el documental Populismo en América Latina en el proceso electoral 2017-2018, el cual fue descubierto como parte de una campaña al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la que encontró un pago con esos nexos y presentó la denuncia ante la FEDE.
La UIF también presentó otras dos denuncias ante la FGR por presunto financiamiento ilícito en campañas electorales del Revolucionario Institucional.
De las 292 investigaciones abierta en la FEDE, el PRI tiene la mayoría con 118 (40.41 por ciento); le siguen Morena con 78 (26.71 por ciento); Acción Nacional con 28 (9.51 por ciento); y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 14 (4.79 por ciento).
Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México no se salvan; también tiene nueve carpetas de investigación abiertas, cada uno; en tanto que Nueva Alianza y el Partido del Trabajo (PT), tienen cuatro cada uno y Encuentro Social (PES) solo tiene una indagatoria.
Los delitos se cometieron principalmente en Puebla, Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades que celebraron elecciones locales el año pasado, así como otros casos federales.
Los principales delitos electorales que indica el reporte son alterar el Registro Federal de Electores, políticos que destinan bienes o servicios a los ciudadanos a cambio de votos, así como destruir, alterar o robar material electoral en las campañas. Otro de los delitos más comunes son la usurpación de identidad que se indaga en varias entidades.
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