Las autoridades señalaron que Beatriz Vicera Alatriste no aparece desde el 28 junio, fecha en la que debía presentarse a una audiencia por su supuesta participación en delitos relacionados con peculado.
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La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tramitó este viernes una ficha ante la Interpol y emitió una alerta migratoria para localizar a la exdiputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Beatriz Vicera Alatriste acusada de peculado en detrimento del Congreso estatal y el presunto desvío de recursos públicos.
“Se giró orden de aprehensión y, por tal motivo, se catearon dos domicilios. Hemos emitido alerta migratoria y estamos tramitando ficha roja para que podamos localizarla a través de la Interpol en otros países”, confirmó el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
El 28 de junio, Vicera Alatriste fue declarada como prófuga por una jueza de control, después de que se ausentó a la audiencia de formulación de imputación que realizaría la fiscalía en contra ella y de la también exdiputada del PRD Hortencia Figueroa Peralta.
La exlegisladora presentó justificantes médicos a través de su representante legal en dos ocasiones, mismos que no fueron válidos para la juez, por lo que el Ministerio Público solicitó que la audiencia fuera diferida para ambas exfuncionarias, debido a que únicamente asistió Hortencia Figueroa.
La exdiputada no fue localizada en los inmuebles ubicados en las colonias Lomas de Cortés y Gualupita, por tanto quedaron asegurados.
Vicera y Figueroa fueron denunciadas por la LIV legislatura por el presunto desvío de las cuotas de los trabajadores del Instituto de Crédito del Estado, IMSS y SAT, además por la venta irregular de 20 vehículos oficiales que pertenecían al Poder Legislativo con los que obtuvieron 850 mil pesos que no fueron ingresados a las arcas del legislativo.
Además, señalaron la supuesta emisión de cuatro cheques que sumaban 8 millones de pesos, que los exdiputados de la LIII Legislatura se otorgaron como bono antes de salir de su gestión.
Estas acciones ocasionaron un daño de alrededor de 500 millones de pesos durante el periodo 2015-2018, donde dichas exdiputadas fungieron como presidentas de la Mesa Directiva y contaban con el respaldo del entonces gobernador, Graco Ramírez.
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