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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se retractó de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la empresa farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, exsúperdelegado del gobierno federal en Jalisco.
En respuesta, los abogados de la empresa denunciaron que la SFP, dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ejerció una “presión inusitada” y “amenazó” al magistrado Miguel Aguilar García de “ser removido de su cargo”, para que revocara su decisión de permitir a Solfrán participar en licitaciones hasta que se resuelva el fondo del juicio.
En septiembre de 2019, la SFP sancionó a la empresa después de comprobar que la farmacéutica presentó información falsa en una licitación pública, y le prohibió celebrar contratos con el gobierno federal o con estados y municipios en los cuales haya recursos federales involucrados.