Un reportaje en México desata la ofensiva de la oposición contra Irma Eréndira Sandoval, pieza clave en la lucha anticorrupción

La revisión del patrimonio de la funcionaria provocó una oleada de descalificaciones por parte de la derecha, mientras funcionarios de López Obrador han desmentido la veracidad de la información.

actualidad.rt.com

Un reportaje sobre el patrimonio de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el académico John Ackerman, ha sido utilizado en días recientes como punta de lanza para avivar la guerra política que divide a México.

Tras varios días de descalificaciones, Sandoval, quien es una de las principales funcionarias encargadas de combatir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como “sicarios mediáticos” a varios de sus críticos, y desató una fuerte polémica entre seguidores y detractores del Gobierno.

¿Qué ocurrió?

El pasado 18 de junio, el comunicador Carlos Loret de Mola publicó un reportaje en el sitio LatinUS, titulado “El regalazo de Irma Eréndira”, en el que señala que el valor actual de cinco propiedades reportadas por la funcionaria en su declaración patrimonial, comprados entre 2003 y 2013, aumentaron su precio de mercado con el paso del tiempo, algo que resulta común con cualquier propiedad de la capital mexicana.

La emisión también señala que a la funcionaria le fue regalado un terreno en 2007, por parte de autoridades de la Ciudad de México. La propiedad, ubicada al sur de la capital mexicana, en la colonia popular de Pedregal de Santo Domingo, fue regularizada 13 años antes. En ese predio creció la funcionaria en su niñez.

Al morir su padre, en 2007, el terreno fue escriturado a nombre de Sandoval.

La colonia Pedregal de Santo Domingo se creó en 1971, luego de que personas originarias de diversas regiones del país se asentaran en los territorios ubicados en la delegación Coyoacán. Tras varias décadas de conflictos sociales por la propiedad de las tierras, el Gobierno capitalino decidió iniciar un proceso de regularización de predios, entre los cuales figura la parcela donde se construyó la casa donde la funcionaria.

Todas las propiedades fueron incluidas en la declaración patrimonial de Irma Eréndira Sandoval, incluyendo el precio que fue pagado por cada una. Pese a no existir ninguna ilegalidad, el reportaje resalta como una novedad que el valor de las propiedades es ahora cinco veces mayor al reportado al momento de su registro, aunque el aumento de costo de los inmuebles ocurra con normalidad con el paso del tiempo en urbes como Ciudad de México.

La revalorización del terreno fue utilizado como argumento por sectores de derecha para criticar a la funcionaria, encargada de perseguir casos de corrupción gubernamental en la administración de López Obrador, luego de que la información fuera difundida en varios medios.

Entre las personas que replicaron la información figuran el expresidente Felipe Calderón y el líder nacional del conservador PAN, Marko Cortez, entre otros opositores al actual Gobierno mexicano.

Sin embargo, las inconsistencias en la investigación no han pasado desapercibidas para la opinión pública, especialmente porque Loret de Mola ha sido señalado de participar en montajes televisivos orquestados por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York por los delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

En febrero pasado, Loret perdió un amparo ante el juzgado Tercero de Procesos Penales, que obligaría al conductor a presentarse ante las autoridades para declarar por su presunta participación en el “telemontaje” del caso Cassez-Vallarta, ocurrido en 2007, cuando las autoridades fingieron la captura televisada en vivo de una banda de presuntos secuestradores.

Ese caso incluso provocó un conflicto diplomático con Francia, debido a la nacionalidad de una de las presuntas secuestradoras, llamada Florence Cassez.

El desmentido

En respuesta al reportaje, la Secretaría de la Función Pública emitió una nota informativa en la cual rebatió que Sandoval hubiese recibido “ningún bien inmueble como regalo o donación de funcionario público o político alguno, ni durante, ni antes de ocupar su responsabilidad actual”.

La información oficial señala que el patrimonio de la funcionaria es resultado tanto del trabajo profesional de ella y su esposo, John Ackerman, “como de los bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares”.

Sobre el terreno, se explicó que fue escriturado a nombre de la funcionaria “por ser la mayor de los tres hermanos, después del lamentable fallecimiento de su señor padre”. El documento especifica que en su momento se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado sino de aplicación general, en beneficio de los habitantes de la colonia Santo Domingo.

“No permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre ni el de mi familia. Esta lucha va en serio y hasta el final”, respondió Sandoval, a través de un mensaje en Twitter.

Respaldo y demanda

El tema encendió la discusión entre los simpatizantes y detractores del Gobierno, y provocó que varios funcionarios públicos respaldaran públicamente a Sandoval, ante lo que muchos de sus compañeros de gabinete consideraran una campaña en su contra.

Tal fue el caso de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien señaló que “la reciente difusión de información alejada de la realidad, es resultado de la natural resistencia al cambio que vive México”.

En un sentido similar se pronunciaron funcionarios como Rocío Nahle, secretaria de Energía; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y Hugo López-Gatell, subsecreatario de Salud, entre otros.

Por su parte, Ackerman declaró que demandaría a Loret de Mola en México y EE.UU. por difundir ilegalmente datos confidenciales, que “no se incluyen en la versión pública de la declaración patrimonial con el fin de proteger la integridad física de los funcionarios públicos y sus familiares”.

“Frente a esta grave violación a la ley, en mi calidad de ciudadano y de periodista, un servidor presentará las demandas correspondientes, tanto en México como en los Estados Unidos, para que se investigue y se castiguen a las personas responsables tanto por la filtración como por la divulgación de nuestros datos personales”, señaló Ackerman en su sitio de internet.

En febrero de este año, Ackerman fue designado como parte del Comité Técnico que vigilará el proceso para nombrar a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el órgano encargado de organizar las votaciones. Su posición es clave a un año de las elecciones federales de 2021, donde se definirá buena parte del futuro político del país, junto con el proyecto de López Obrador.

Este lunes, el académico señaló que, de acuerdo con un análisis de redes, el ataque contra él y su esposa fue promovido por simpatizantes el expresidente Felipe Calderón, quienes impulsaron la etiqueta #RenunciaAckerman, haciendo eco del reportaje de Loret.

Desde el 19 de junio, Calderón posteó la nota de Loret en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el lunes 22, volvió a difundir un mensaje vinculado con las acusaciones contra Sandoval y Ackerman.

El expresidente Felipe Calderón, uno de los principales adversarios políticos de López Obrador, ha sido señalado por difundir información falsa desde redes sociales durante la epidemia de covid-19 para manifestar su repudio a la actual adminsitración.

El “sistema de soplones”

Aunque el reportaje de Loret tuvo amplia difusión en redes, no fue el único texto que apareció en medios para cuestionar el trabajo de Sandoval al frente de la SFP.

En su columna del 16 de junio, el director de información política del periódico El Financiero, Pablo Hiriart, aseguró que el Gobierno de López Obrador estaba planeando imponer un sistema de “soplones”, mediante un “ordenamiento jurídico que crea el símil de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que existen en Cuba para atemorizar a sus ciudadanos”.

El columnista hacía referencia a un decreto publicado el 11 de junio, en el cual se establecen los lineamientos para la promoción y operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

A través de esa plataforma digital, la Secretaría de la Función Pública pretende promover la denuncia de casos de corrupción gubernamental, de manera anónima, con el fin de que las autoridades puedan perseguir y rastrear irregularidades en el servicio público.

El sistema plantea un mecanismo de denuncia anónima similar a otras plataformas como Mexicoleaks, diseñada para filtrar documentos a la prensa de manera segura, que ha permitido dar a conocer distintos casos de corrupción.

A pesar de que el Gobierno mexicano busca fomentar la denuncia anónima, Hiriart consideró que esto sería utilizado para “legalizar un sistema de soplones” que “alienta el chantaje”.

El texto de Hiriart se volvió tendencia en Twitter, luego de que fue replicado con gran virulencia en redes sociales por parte de partidarios de la ultraderecha que han acusado a López Obrador de “comunista”.

Ante la polémica, Irma Sandoval respondió: “Quienes nos atacan hoy con saña son quienes se oponen a la transformación del país que ya nadie detiene”.

En abril pasado, el presidente López Obrador se refirió a Hiriart como “vocero” del expresidente Carlos Salinas de Gortari, uno de los adversarios políticos del actual mandatario. “El caso de Pablo Hiriart, tenemos diferencias desde 1988”, dijo el mandatario, quien calificó al periodista como “siempre adherido, participando a favor del salinismo”.

El bloque opositor

El presidente López Obrador desató una enorme polémica en México, luego de que presentó un documento anónimo en el cual se detalla un presunto plan de la derecha mexicana para construir un Bloque Opositor Amplio (BOA), con el objetivo de destituir al titular del Ejecutivo en 2022, mediante la revocación de mandato.

En dicho plan, que habría sido entregado en Palacio Nacional por un informante anónimo, según palabras del presidente, se explica la manera en que la oposición buscaría impulsar en medios y redes las opiniones de varios analistas, como Loret de Mola e Hiriart, para alentar un rechazo de la opinión pública al actual Gobierno de México.

El pasado 9 de junio, al denunciar una presunta conspiración en su contra, el mandatario mexicano señaló diversos intentos por parte de la derecha y personajes afínes al “periodo neoliberal”, de estar molestos por la manera en que su administración ha eliminado el pago que realizaban gobiernos anteriores a diversos comunicadores.

Una batalla discursiva y mediática que evidencia los términos en que se libra una cruzada anticorrupción en México, mientras políticos de alto perfil como Rosario Robles, Emilio Lozoya o el abogado Juan Collado, han sido aprehendidos por su vinculación con delitos de corrupción y legitimación de capitales.

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