Va por México prevé ‘guerra’ electoral vs. ‘ejército’ de servidores públicos de la 4T

PRI, PAN y PRD alistan una estrategia jurídica contra el uso electoral de recursos públicos.

elfinanciero.com.mx

La lucha electoral contra Morena y el Presidente en 2021 será “una guerra contra un ejército de 21 mil 300 empleados federales, autollamados servidores de la nación, respaldado con una bolsa de recursos por 505 mil 262 millones de pesos”, indica la minuta de una reunión entre las dirigencias nacionales del PAN y PRD.

Los datos a los que El Financiero tuvo acceso indican que los partidos de oposición propusieron preparar una estrategia jurídica contra el “uso de recursos públicos para la promoción personalizada de funcionarios públicos”, conductas –señalan– en las que incurrieron “diversos servidores públicos federales con cargos de alta responsabilidad, como los delegados estatales de Programas para el Desarrollo, subdelegados regionales de Programas para el Desarrollo y el titular de la Coordinación Técnica de Difusión del IMSS, señalados como infractores responsables en dichos instrumentos”.

En el encuentro se expuso que “en 2020 esta estructura fue encargada de la operación de 16 programas sociales, los cuales contarán con un monto presupuestario de 505 mil 262 millones de pesos para el siguiente ejercicio correspondiente al año 2021”.

Expusieron que de estas acciones “existen precedentes administrativos y jurisdiccionales, contenidos en los acuerdos ACQyD-INE-45/2019 y ACQyD-INE-7/2020 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la sentencia SRE-PSC-071/2019 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las sentencias SUP-REP-67/2020, SUP-REP-92/2020, acumulado de la Sala Superior, instrumentos que tienen plena vigencia jurídica”.

“En dichas resoluciones se hicieron constar infracciones al artículo 134 constitucional consistentes en el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada de servidores públicos”, remarcaron.

“Los diversos servidores públicos federales con cargos de alta responsabilidad incurrieron en conductas ilegales, y fueron señalados como infractores responsables en dichos instrumentos”, se añade.

Plantearon que “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha privilegiado el reforzamiento de la política social, denominada política de bienestar por su gobierno, y en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, el Ejecutivo señala que el mismo prevé un presupuesto en programas para la superación de la pobreza por un total de 505 mil 262 millones de pesos”.

Subrayaron que “con la pretensión declarada de evitar fugas de dinero y de entregar directamente y ‘sin intermediarios’ los apoyos a los beneficiarios de los programas sociales, el Ejecutivo instrumentó una estructura burocrática ilegal, bajo el mando del coordinador general de Programas para el Desarrollo, los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo y los respectivos Coordinadores Regionales”.

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